La presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Patricia Bullrich, presentó un proyecto en el cual solicita que se cite a los funcionarios del Gobierno nacional responsables del armado de la causa contra el juez Pedro Hooft, acusado de connivencia con la última dictadura militar, al cual el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados de la Provincia absolvió y reintegró en su cargo.

Por su parte, el diputado del Frente Renovador Alberto Asseff expresó su satisfacción por el veredicto de absolución del jurado, señalando que “esta vez la justicia le ganó a la venganza”.

“Estamos muy contentos porque sabemos de la honorabilidad y conducta de este señor magistrado. Mar del Plata tendrá de nuevo a este juez probo. Es una garantía”, aseguró Asseff.

A su vez, Patricia Bullrich recordó que junto a los diputados Federico Pinedo (Unión Pro) y Carlos Brown (bloque FE), en mayo del año pasado, ya habían presentaron un pedido de informes, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional que brinde información sobre lo actuado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en relación al expediente.

Al fundamentar su pedido, Bullrich expresó que “con el fallo a favor del juez Pedro Hooft, y de ésta manera con el fracaso de la persecución kirchnerista, queda claro que en esta causa ha existido un intento de intromisión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El Gobierno nacional se entrometió en asuntos de la justicia de la provincia de Buenos Aires, realizando un claro armado de una causa, banalizando lo ocurrido en la época de la dictadura, y utilizando el Poder del Estado para llevar a cabo una venganza”.

“Es importante que los funcionarios responsables sean citados al Congreso para que así, podamos ser informados sobre cuál fue la actuación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la construcción de pruebas falsas. Parece ser que a todo aquel que se atreve a denunciar casos de corrupción, los persiguen y les buscan armar una causa manipulando algo tan importante y delicado para los ciudadanos como los Derechos Humanos”, señaló Bullrich.

Agregó la diputada que “el juez Pedro Hooft tuvo actuaciones concretas y reconocidas contra casos de torturas y corrupción, pero un funcionario de menor rango, por venganza personal y por intereses propios para lograr ocupar un cargo, comienza con el armado de una causa, junto con la Secretaría de Derechos Humanos, recurriendo al poder del Estado, para proteger a los amigos del Poder, buscando de ésta manera condenar a quienes denuncian ilícitos”.

“El mismo juez, en su oportunidad había denunciado la existencia de una persecución penal contra su persona. Dicha afirmación contó entre otros con el apoyo del ex fiscal del Juicio a las Juntas Julio Strassera, quien advirtió que esta causa es una venganza personal”, concluyó Patricia Bullrich.