Con homenajes al escritor Gabriel García Márquez y al actor Alfredo Alcón, se inició a las 13.10 la sesión del Senado nacional, que se propone aprobar la propuesta del Ejecutivo para promover el empleo formal, la iniciativa que crea un plan contra las adicciones y el proyecto para ratificar el “Plan Federal del Trabajo”.

Posteriormente se dio ingreso a pliegos para los cuales el Senado deberá prestar acuerdo. Se trata de varios militares que serán ascendidos, y el de embajador del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina.

A continuación, el senador Guillermo Guastavino pidió la convocatoria en el Senado del canciller Héctor Timerman, a los efectos de informar el cumplimiento de los acuerdos con Uruguay en torno a la situación del río Uruguay, cosa a la que el jefe de los senadores radicales, Gerardo Morales, accedió, pero condicionándolo a que el canciller hable del estado de situación del acuerdo con Irán. Puesto a votación, se aprobó la convocatoria del canciller, en principio solo para hablar de la cuestión del medio ambiente.

Luego el senador nacional Eugenio “Nito” Artaza planteó la situación de emergencia por la falta de energía en la localidad de Virasoro, por la rotura de un transformador de la empresa Transnea. El titular del bloque oficialista le recordó que se trataba de un tema provincial, pero propuso declarar la preocupación ante la “emergencia económica y provincial”.

A partir de las 13.30, la senadora María Higonet comenzó a defender el proyecto de Trabajo Registrado. Habló de los pasos dados a partir de 2003, “que han permitido el aumento del registro de trabajadores y una reducción de la tasa de desocupación, que llegó al 6,8%”, y destacó los pasos importantes dados en el Parlamento, como la aprobación de una ley que beneficia a las trabajadoras de casas particulares, y el Estatuto del Peón Rural.

“Han sido pasos muy importantes, pero aún hoy seguimos con el trabajo informal”, advirtió la senadora, que destacó que el Gobierno kirchnerista “siempre busca la protección de los trabajadores”, y en este caso a través de un proyecto de ley que “busca atacar el problema del empleo no registrado de manera integral”.

Aludió a los elementos “sancionatorios” para los empleadores que no registren a sus trabajadores, lo hagan con niños, o practiquen la trata de personas. Dijo que las sanciones van desde la quita de subsidios hasta la eliminación de exenciones impositivas.

Tras citar las modificaciones aplicadas en el proyecto original, entre ellas la creación de un comité de seguimiento, Higonet calificó de “muy bueno” al proyecto, “necesario para enfrentar un tema como el trabajo en negro. A un día de una fecha como el Día del Trabajador, creo que estamos dando una señal positiva, porque además de la dignidad que significa el trabajo, hoy estamos dándole seguridad y garantía. La base para hablar de seguridad o de salud en el trabajo, es el trabajo registrado”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, Alfredo Martínez adelantó el acompañamiento radical al proyecto, porque “nos parece que es un paso más que se está dando en ampliar los derechos de los trabajadores”, pero advirtió que “quien más tiene trabajo informal es el Estado”, y expresó su deseo por seguir avanzando en ese sentido.

A su turno, la senadora Liliana Negre de Alonso destacó en principio la importancia del proyecto, pero cuestionó sus aspectos sancionatorios, sobre todo porque se privilegian los castigos y no los beneficios a quienes cumplen la ley. Pero aprovechó la intervención para echar mano a los datos sobre pobreza difundidos por la UCA, y advirtió que “hemos desperdiciado las épocas de bonanza económica, no hemos aprovechado el dinero que tuvimos para invertir en puertos, rutas, políticas habitacionales, que hubieran sido una creación genuina de fuentes de trabajo”.

“Hoy nos encontramos con que ese dinero no está más”, cuestionó.

Negre de Alonso dijo creer que “esto beneficia a los empleadores, pero también trae un desahogo a los empleados, porque hoy sabemos que se están armando listas de futuros desempleados. Esta herramienta jurídica trae cierta tranquilidad a un sector de los trabajadores, porque aliviar las cargas contributivas de los empleadores los beneficia, igual que a los empleadores. Les da tranquilidad espiritual”.

Negre consideró que el “núcleo duro de la ley” es el financiamiento de la seguridad social, que le genera dudas. “En varios lugares hay una delegación”, dijo al proponer una solución concreta para evitar el desfinanciamiento del sistema de seguridad social, agregando un artículo que establezca que los fondos que demanden la compensación sean obtenidos del impuesto al Cheque, de la parte que le toca al Poder Ejecutivo. Ante ello, la senadora Higonet le aclaró que el desfinanciamiento no es tal, pues “no es una cuestión significativa”.

En su larga exposición la senadora adelantó cuáles serían los artículos que no votarían, pero sí garantizó su acompañamiento en general al proyecto, cosa que motivó un intercambio risueño entre ella y el vicepresidente Amado Boudou, cuando ella resaltó la condición excepcional de esa votación positiva para un proyecto del Ejecutivo.

También le salió al cruce el senador Aníbal Fernández, quien rechazó que el Gobierno no hubiera hecho viviendas preguntándose si había habido otro que hubiera construido tanto. “Va a terminar el año con más de cien mil viviendas, agregadas al millón ya construidas”, puntualizó, para contestar luego otros cuestionamientos formulados sobre el proyecto original, como por ejemplo el de la competencia de las provincias en las tareas de fiscalización. En ese sentido, el jefe del bloque radical del Senado, Gerardo Morales, se mostró de acuerdo con que el Ministerio de Trabajo tome mayores medidas de control, pero recordó que había pedido agregar un artículo que sugiriera a las provincias adherir a la norma nacional, para evitar problemas de competencia con las provincias.

Por su parte, el senador Eduardo Aguilar (FpV-Chaco), contó que el 77% de las empresas en su provincia son microempresas y destacó que la ley significa “un fuerte estímulo” entre otras cosas para la cuestión de la corresponsabilidad gremial. Reclamó también “un componente regional reforzado”, que quedaría como “un segundo paso para este muy buen primer paso”. Agregó que la Argentina tiene fuertes segmentaciones salariales, pero “ninguna equipara la ausencia de derechos laborales”.

“Celebramos realmente esta iniciativa del Gobierno nacional”, concluyó.

El senador Rubén Giustiniani adelantó el acompañamiento de su bloque a un proyecto que consideró positivo. Habló luego de muchos interrogantes que se abren, porque “hay muchas empresas que han ganado mucho dinero; el trabajador que está en negro se encuentra discriminado, sobre todo en un escenario de alta inflación”. De entrada, planteó que “uno de los principales generadores de trabajo no registrado es el Estado”, por lo que consideró que una de las responsabilidades del Congreso es para terminar con esa práctica planteó votar a favor, pero comenzar a dar pasos en la dirección de revertirlo.