En los últimos días conocimos con asombro el triste caso de una niña violada y embarazada a quien en el hospital provincial Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, en el conurbano bonaerense, le recomendaron no abortar “porque pondría en riesgo su vida”. Una historia que nos vuelve a recordar cómo se siguen violando los derechos de las mujeres y niñas a un aborto seguro, aún en los casos cuya autorización está expresamente prevista en nuestra legislación (abortos no punibles).

La propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, ante un caso que llegó dos años después de resuelto a su entendimiento, decidió expedirse igual de cara al futuro, por tratarse de un asunto que pone en juego la responsabilidad internacional del Estado argentino. En dicho fallo, la Corte señaló cuatro cuestiones importantes: En primer lugar, que los tratados de Derechos Humanos y la Constitución Nacional no prohíben estas suspensiones voluntarias del embarazo pero sí que se las sancione de algún modo. En segundo lugar, la Corte indicó que no se requiere ninguna intervención judicial para hacer estas prácticas.

En tercer lugar, que los jueces no deben judicializar los casos tomando intervención. Y finalmente, que el gobierno nacional, provincial y municipal tienen la obligación de atender estas cuestiones, estableciendo protocolos de actuación hospitalarios.

En este caso particular, por supuesto que no se respetó la Constitución Nacional ni la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el tratado que se ocupa de esta nena, ni la jurisprudencia que impone el fallo de la Corte. La Convención es clara respecto de las responsabilidades frente al niño/a: dice que los adultos convivientes son los responsables en primer lugar, y después la comunidad, y que las instituciones son las encargadas de velar por el respeto pleno a los derechos de los niños. Se trata de una niña, y no debemos permitir que deje de serlo porque un señor la violó, otros adultos de su entorno no la supieron cuidar y las instituciones no funcionaron.

Me pregunto si en la escuela a la que asistió o asiste se llevó a cabo el programa de educación sexual, porque ese conocimiento y la posibilidad de tomar la palabra sobre estos asuntos que de otro modo pueden resultar vergonzantes para una criatura, es una enseñanza fundamental para reducir los abusos y posibilitar su denuncia.

También me pregunto por quienes hace un mes intervinieron: la policía, una fiscalía y un perito forense. A juzgar por los resultados, a ninguno le importó que se trata de una nena de 13 años ni lo que dice la constitución al respecto. A causa de la desidia, impericia, prejuicios o lo que sea que haya motivado una desaprensión que no hubieran tenido con sus propios hijos, se permitió que el embarazo avanzara hasta la semana 23. No se intervino para analizar la cuestión ni para hacer las pruebas pertinentes que hubieran permitido no llegar a esta instancia.

Lo cierto es que llegamos hasta acá y ahora pasan dos cosas: por un lado, la nena dice -o eso dicen quienes han estado con ella- que no quiere seguir adelante con su embarazo. Ella sigue teniendo el derecho a ser una niña, a ser oída y a ser tenida en cuenta, y sigue estando protegida por la Constitución, la jurisprudencia de la corte y el artículo 86 del Código Penal. Por otro lado, el hospital exhibe prevenciones médicas para negarse a la interrupción.

La Constitución Nacional dice que en el caso de los niños su derecho a ser oídos y su interés son superiores a cualquier otra consideración. Por eso creo que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (que la interrupción debe darse hasta la semana 22 para que sea segura) no son a priori superiores a los derechos de la nena. Desde ese lugar, y con todo el respeto que me merece un profesional de la salud pública, no creo que sea suficiente la opinión de una médica, ni me convence su deslinde de las barbaridades cometidas hasta acá. Las autoridades de la provincia de Buenos Aires deberían hacerse cargo de la revictimización de una victima; y deberían intentar, como primera medida, tomar en cuenta su decisión.

Por lo tanto, en lo práctico, entiendo que demostrada ya la incapacidad de las distintas instancias públicas intervinientes, cabe con urgencia que la máxima autoridad de la Provincia convoque a un equipo de médicos que re evalúe si el derecho de la niña a interrumpir su embarazo es posible de ser tenido en cuenta desde el punto de vista médico, y en caso afirmativo, que la Provincia ponga a disposición todo el dispositivo de atención pública para que así ocurra.

Bianchi es diputada nacional del Frente para la Victoria por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia.