Integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, la diputada nacional Gladys Soto presentó un proyecto de ley sobre la creación de una pensión no contributiva de carácter vitalicia a madres de víctimas de terrorismo de Estado.

En efecto, el beneficio involucraría a las madres de personas que hayan sido asesinadas o se encuentren en situación de desaparición forzada como víctimas del terrorismo de Estado, y podrán acceder al mismo en caso de que las víctimas hayan sido puestas a disposición del PEN antes del 10 de diciembre de 1983, o bien hayan sido privadas de su libertad por actos emanados de unidades o tribunales militares o especiales o consejos de guerra, y haya habido sentencia condenatoria en este fuero, bajo la vigencia de la Doctrina de Seguridad Nacional.

El proyecto incluye a quienes hubieran sido privadas de su libertad por tribunales civiles y hayan permanecido detenidas bajo el régimen de “detenidos especiales”, violatorio de los Derechos Humanos amparados constitucionalmente.

La pensión caduca por renuncia del titular o en caso de fallecimiento, no será inembargable, y no podrá ser cedido ni transferido por ningún acto jurídico.

Podrán sí ser designados apoderados, cuando el beneficiario se encuentra física o psíquicamente incapacitado para cobrar el subsidio.

“El alto porcentaje de jóvenes víctimas de terrorismo de Estado, nos lleva a pensar en la gran cantidad de madres que en ese momento cruel de la historia esperaban la llegada de sus hijos con vida a sus hogares, en la realidad vanamente, ya que fueron asesinados”, señala la diputada chaqueña en su proyecto. Allí agrega que “muchas de esas madres hoy no están entre nosotros, es por ello que la presente iniciativa intenta reparar modestamente los despropósitos de un Estado ausente de protección a las víctimas de terrorismo de estado, que hoy intenta estar presente mediante el establecimiento de leyes preparatorias justas y equitativas en beneficio de todas las víctimas”.