La iniciativa del Poder Ejecutivo para combatir la informalidad laboral a través de la disminución de las contribuciones patronales de las microempresas fue aprobada con 57 votos. La oposición cuestionó el régimen sancionatorio y la capacidad de control del Estado, pero apoyó la propuesta de ley en general.
En vísperas del Día del Trabajador y con consenso total del arco político, el Senado aprobó y giró a la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral, enviado por el Poder Ejecutivo y defendido por el ministro del área, Carlos Tomada.
La iniciativa fue avalada con 57 votos, de parte del Frente para la Victoria, bloques aliados y opositores. La UCR, el peronismo opositor, el FAP-UNEN y el Pro, así como Carlos Verna (PJ La Pampa) respaldaron los objetivos generales de la iniciativa, aunque formularon algunas objeciones. La Cámara baja podría convertir el proyecto en ley el 14 de mayo próximo.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, María de loa Ángeles Higonet (FpV) encabezó la defensa del proyecto, al destacar que “busca atacar el problema del empleo no registrado de manera integral”.
Habló de los pasos dados a partir de 2003, “que han permitido el aumento del registro de trabajadores y una reducción de la tasa de desocupación, que llegó al 6,8%”, y remarcó la importancia de las leyes como el nuevo régimen para trabajadores de casas particulares y el Estatuto del Peón Rural.
“Han sido pasos muy importantes, pero aún hoy seguimos con el trabajo informal”, advirtió la senadora, quien destacó que el Gobierno kirchnerista “siempre busca la protección de los trabajadores”.
Higonet aludió a los elementos “sancionatorios” para los empleadores que no registren a sus trabajadores, lo hagan con niños, o practiquen la trata de personas, y dijo que las sanciones van desde la quita de subsidios hasta la eliminación de exenciones impositivas.
Tras citar las modificaciones aplicadas al proyecto original, entre ellas la creación de un comité de seguimiento, Higonet calificó de “muy bueno” al proyecto, “necesario para enfrentar un tema como el trabajo en negro”.
“A un día de una fecha como el Día del Trabajador, creo que estamos dando una señal positiva, porque además de la dignidad que significa el trabajo, hoy estamos dándole seguridad y garantía. La base para hablar de seguridad o de salud en el trabajo, es el trabajo registrado”, apuntó.
A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Trabajo, Alfredo Martínez (UCR) respaldó el proyecto al remarcar que “es un paso más que se está dando en ampliar los derechos de los trabajadores”, pero advirtió que “quien más tiene trabajo informal es el Estado”, y expresó su deseo por seguir avanzando en ese sentido.
A su turno, la senadora Liliana Negre de Alonso (peronismo opositor) destacó la importancia del proyecto, pero cuestionó sus aspectos sancionatorios, sobre todo porque, sostuvo, se privilegian los castigos y no los beneficios a quienes cumplen la ley.
Asimismo, aprovechó la intervención para echar mano a los datos sobre pobreza difundidos por la UCA, y advirtió que “hemos desperdiciado las épocas de bonanza económica, no hemos aprovechado el dinero que tuvimos para invertir en puertos, rutas, políticas habitacionales, que hubieran sido una creación genuina de fuentes de trabajo”. “Hoy nos encontramos con que ese dinero no está más”, cuestionó.
Negre de Alonso dijo creer que “esto beneficia a los empleadores, pero también trae un desahogo a los empleados, porque hoy sabemos que se están armando listas de futuros desempleados. Esta herramienta jurídica trae cierta tranquilidad a un sector de los trabajadores, porque aliviar las cargas contributivas de los empleadores los beneficia, igual que a los empleadores. Les da tranquilidad espiritual”.
La puntana consideró que el “núcleo duro de la ley” es el financiamiento de la seguridad social, que le genera dudas. “En varios lugares hay una delegación”, dijo al proponer una solución concreta para evitar el desfinanciamiento del sistema previsional, agregando un artículo que establezca que los fondos que demanden la compensación sean obtenidos del impuesto al Cheque, de la parte que le toca al Poder Ejecutivo. Ante ello, la senadora Higonet le aclaró que el desfinanciamiento no es tal, pues “no es una cuestión significativa”.
Por otra parte, el jefe del bloque radical del Senado, Gerardo Morales, se mostró de acuerdo con que el Ministerio de Trabajo tome mayores medidas de control, pero pidió -al igual que el Pro- agregar un artículo que sugiriera a las provincias adherir a la norma nacional, para evitar problemas de competencia con las provincias.
En tanto, el senador Eduardo Aguilar (FpV-Chaco), contó que el 77% de las empresas en su provincia son microempresas y destacó que la ley significa “un fuerte estímulo”, entre otras cosas, para la cuestión de la corresponsabilidad gremial.
Reclamó también “un componente regional reforzado”, que quedaría como “un segundo paso para este muy buen primer paso”, y agregó que la Argentina tiene fuertes segmentaciones salariales, pero “ninguna equipara la ausencia de derechos laborales”.
El titular del bloque socialista, Rubén Giustiniani, también apoyó la propuesta, pero advirtió que se abren muchos interrogantes, porque “hay muchas empresas que han ganado mucho dinero; el trabajador que está en negro se encuentra discriminado, sobre todo en un escenario de alta inflación”.
De entrada, planteó que “uno de los principales generadores de trabajo no registrado es el Estado”, por lo que consideró que una de las responsabilidades del Congreso es comenzar a dar pasos en la dirección de revertirlo.
También recordó que Tomada no precisó qué cantidad de trabajadores se calcula que serán registrados, y por otra parte alertó sobre el nivel de suspensiones, sobre todo en el rubro automotriz, porque “desde hace meses, en la Argentina, el sector privado no tiene la dinámica que tuvo años anteriores en la generación de empleo genuino, y el poco empleo que se va generando es empleo no registrado”.
Por el Pro, Gabriela Michetti se mostró “muy de acuerdo a que se incentive a las empresas a poner en blanco a sus trabajadores”; no obstante, advirtió que “a la hora de inspeccionar y efectivizar el control, el Estado no toma la manera correcta”, al contrario de la Ciudad de Buenos Aires, donde “el ejercicio del poder de policía funciona muy bien”.
Además, se sumó al pedido para proponer que las provincias puedan adherir a la ley nacional y así evitar superposición de competencias.
El proyecto
Según el texto, las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores serán parte de un régimen definitivo por el cual no pagarán más contribuciones patronales.
En el caso de las microempresas de hasta 15 trabajadores, gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año.
El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.
Las pymes que violen este régimen perderán este y otros beneficios y serán incluidas en un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que crea el proyecto.
A su vez, la iniciativa contempla la extensión de los convenios de corresponsabilidad gremial, hasta ahora exclusivos para las actividades rurales, a otras ramas de la producción.
Entre las modificaciones que sufrió el proyecto en el recinto, se determinó que las pymes que despidan trabajadores en caso de emergencia agropecuaria no perderán los beneficios fijados por la ley. Además, se planteó la creación de un comité de seguimiento de la norma.
Otros temas
La sesión se inició a las 13.10 con homenajes al escritor Gabriel García Márquez y al actor Alfredo Alcón.
Luego se dio ingreso a una serie de pliegos para los cuales el Senado deberá prestar acuerdo. Se trata de varios militares que serán ascendidos, y el nombramiento del exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina como embajador ante el Mercosur.
A continuación, el senador Pedro Guastavino (FpV) propuso convocar a la Cámara alta al canciller Héctor Timerman, para que informe sobre la situación del río Uruguay y el conflicto con el país vecino por la exBotnia, aunque Morales reclamó que el funcionario hable del estado de situación del acuerdo con Irán.
A su turno, Eugenio “Nito” Artaza (UCR) planteó la situación de emergencia por la falta de energía en la localidad de Gobernador Virasoro, por la rotura de un transformador de la empresa Transnea. El titular del bloque oficialista le recordó que se trataba de un tema provincial, pero propuso declarar la preocupación ante la “emergencia económica y provincial”.
