En el marco de la Marcha Mundial de la Marihuana (MMM) que se llevará a cabo este sábado simultáneamente en Buenos Aires y otras ciudades del mundo, la diputada y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, María Rachid, reabre el debate en torno a la despenalización de los consumidores, la legalización, el autocultivo y el uso medicinal del cannabis.

Al respecto, Rachid expresó que “esta nueva edición de la Marcha Mundial de la Marihuana nos encuentra en un escenario más favorable para avanzar con un debate todavía pendiente. La opinión de diversos especialistas y asociaciones que intervienen hoy en el amparo presentado por Alejandro Cibotti junto con la Mesa Nacional por la Igualdad y la Agrupación Agricultores Canábicos Argentinos (AACA), reclamando el derecho al uso medicinal de cannabis, son fundamentales para comprender que las leyes se deben ir adaptando a las necesidades y a los cambios que las sociedades precisan en cada época. Penalizar el uso terapéutico de cannabis es una grave conducta discriminatoria hacia sus usuarios, que tiende a estigmatizarlos y apartarlos del acceso a su salud integral. Legalizar el cannabis es mucho más que una cuestión jurídica, es una cuestión de derechos humanos, una cuestión humanitaria”.

En una presentación realizada hoy, el director de Proyectos Científicos de la Fundación ICEERS (Holanda-España), José Carlos Bouso; el asesor en Políticas de Drogas del Colegio Médico de Chile, Sergio Sánchez Bustos y el director del Programa de Política de Drogas de Espolea (Méjico), Aram Barra, adhirieron al amparo de la Mesa-AACA y al “Amicus Curiae” presentado en 2013 por la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC). Allí se reveló, entre otros datos clínicos, la eficacia analgésica del cannabis y los cannabinoides, así como se demostró que la administración de los mismos durante una infección por VIH, puede incrementar la habilidad de las personas para controlar la carga viral y mejorar su calidad de vida.

A su vez, la Asociación Pensamiento Penal (APP) se presentó en la causa en calidad de Amiga del Tribunal (Amicus Curiae) acompañando el amparo, en el que se denunciaba la denegación a prescribir y suministrar cannabis para atenuar los dolores físicos de Cibotti a causa del virus VIH con que convive hace 14 años, por parte de los hospitales públicos. Y se solicitó la declaración de inconstitucionalidad de las normas que incluyen al cannabis en el listado de sustancias prohibidas, y la consecuente represión de la tenencia y el autocultivo mediante la Ley Nº 23.737.

La APP, a partir de su presentación, entiende que el Gobierno de la Ciudad debe prescribir y suministrar marihuana en las dosis que sean necesarias y médicamente recomendadas o autorizar su autocultivo, en tanto contribuya a disminuir los dolores físicos y espirituales que vienen derivados de la convivencia con el VIH y otra serie de enfermedades residuales, tales como la Hepatitis C y Polineuropatía Periférica.

También adhirieron al amparo y los Amicus, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e Intercambios (Asociación Civil para el Estudio y Atención de Problemas Relacionados con Drogas).

Cabe destacar que el único proyecto con estado parlamentario en el Congreso Nacional de despenalización, legalización y regulación del cannabis para todos sus usos, fue elaborado por la Mesa Nacional por la Igualdad, que encabeza su Secretaria General María Rachid, la Agrupación Agricultores Canábicos Argentinos (AACA) y levantado por la diputada nacional Araceli Ferreyra (FpV). La iniciativa también contempla la reducción de daños y vulnerabilidad de los/as usuarios/as de drogas prohibidas, así como la prevención de usos problemáticos y adicciones, entre otros puntos.

Respecto a los nuevos aportes a la causa judicial, la diputada Rachid manifestó que “nos parece necesario que la adhesión de expertos internacionales, así como la intervención ahora de la Asociación Pensamiento Penal, el CELS e Intercambios, entre otros, sean tenidas en cuenta para determinar, cuanto antes, la inconstitucionalidad de las normas en que se ampara el Gobierno de la Ciudad para negar la prescripción y provisión de marihuana a Alejandro Cibotti o habilitar expresamente a su autocultivo. Es violatorio de los derechos humanos impedir a él, y a otras personas, el derecho a vivir dignamente de manera libre y autónoma”.