La jueza en lo contencioso y administrativo Elena Liberatori frenó el acuerdo entre la Lotería Nacional y el Instituto del Juego porteño que consiguió la aprobación del Parlamento de la Ciudad a fines del año pasado.

El lunes 9 de diciembre de 2013, en el marco de una sesión especial en la Legislatura porteña, el Pro y el Frente para la Victoria aprobaron con 42 votos positivos una addenda al convenio celebrado entre Lotería Nacional y la Ciudad de Buenos Aires que, entre otras, cosas condonaba una importante deuda en el pago de Ingresos Brutos al empresario Cristóbal López.

Desde el macrismo, justificaron la iniciativa debido a que logrará que “ingresen a la Ciudad 300 millones de pesos” que llegarán por parte de las casas de juegos de azar ubicadas en el distrito.

Por ese entonces, los legisladores de UNEN y la izquierda repudiaron el acuerdo y remarcaron la celeridad con la que se sancionó el convenio. Acto seguido, buscaron que sea parado por la Justicia.

Según informó el diario La Nación, la jueza Elena Liberatori hizo lugar a un recurso de amparo presentado por el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, en carácter de letrado en causa propia, quien solicitó que se declare inconstitucional el convenio firmado entre Lotería Nacional y el Instituto de Juegos de Apuestas porteño.

Por esta razón, se obliga a la Ciudad a enviar el acuerdo a la Legislatura porteña para que allí sea refrendado en segunda lectura, además de realizar una audiencia pública.

Los artículos cuestionados refieren a la condonación de la deuda por Ingresos Brutos que tienen los casinos de López y al régimen de privilegio por el cual sus empresas de juego iban a tributar en el futuro un 3 por ciento de Ingresos Brutos, y no el 8 por ciento como indica la ley.

Días después de haber sido aprobado por el Parlamento de la Ciudad, Liberatori había dictado una medida cautelar que fue apelada por la administración macrista.

Vale recordar que esa iniciativa llegó a último momento a la Legislatura porteña y bajo expreso pedido del jefe de Gobierno, Mauricio Macri, y tuvo que ser analizada por los diputados para poder ser aprobada antes de que cierre el año. El apuro era porque el Pro temía no tener los votos necesarios con la nueva conformación legislativa, que comenzaba a regir al otro día: el 10 de diciembre de 2013.

El proyecto sancionado modifica el convenio del juego que celebraron en 2003 el gobierno de Aníbal Ibarra y Lotería Nacional, y supone, por un lado, un ingreso extra, según el gobierno porteño, de 300 millones de pesos producto de que se dividirán en un 50 por ciento los ingresos entre Nación y Ciudad.