El diputado nacional José Riccardo presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional luego de la presentación de Jorge Capitanich en el Senado de la Nación, realizada el miércoles. “El sólo hecho de ocuparse de contar las horas que dedican, por ejemplo, los canales de televisión, a informar sobre el mapa delictivo del país, es una enormidad”, afirmó Riccardo.

El diputado solicita información acerca de “qué organismos o dependencias del Estado están destinados a la función de controlar, recabar, categorizar la actividad informativa de los medios audiovisuales y el contenido de sus emisiones; qué recursos del Estado están siendo destinados a esta función de vigilancia sobre los medios informativos y qué funcionarios del Estado están cumpliendo o supervisando esta tarea o función, incluidas sus responsabilidades y cargos en la estructura administrativa y política del Gobierno”.

Durante la presentación ante el Senado de la Nación el jefe de Gabinete de Ministros hizo una exposición de datos y análisis sobre la actividad de los medios informativos, los contenidos y su implicancia social y política mostrando contar con esta información, y con el grado de detalle y desagregación evidenciando, supone la existencia de una actividad organizada del Gobierno Nacional para la vigilancia de la actividad y contenidos de la prensa televisiva, con estructuras administrativas y políticas a su servicio, y la posible implicancia de uso de recursos públicos.

Para Riccardo, hacer apreciaciones respecto de que esa es una manera de incidir en la política de seguridad interior, podría lesionar el libre ejercicio de la libertad de prensa y los derechos consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 4 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Según el proyecto de Riccardo “el funcionario no respondía a un pedido específico, incluido en la serie de preguntas que los legisladores debemos proveer por anticipado a cada uno de estos informes; si ése hubiera sido el caso, podría decirse que el requirente es el responsable de este resultado. Pero no fue así. Lo que se le pedía en la ocasión era saber si había aumentado o no el índice de inseguridad en el país”.

“Resulta tragicómico que mientras la ciudadanía reclama, con justo derecho, conocer los datos de las variables económicas y sociales básicas, como índices de pobreza, indigencia, inflación, delito y criminalidad, datos que el jefe de Gabinete no ha proporcionado de manera fehaciente, él mismo pueda citar, con asombrosa precisión y abundancia, una catarata de datos sobre los contenidos de las emisiones informativas de los medios”, concluyó el diputado Riccardo.