Para tal fin, presentarán este viernes un proyecto del senador Nito Artaza que tiene en cuenta información sobre accidentes recabada por la federación del sector y la falta de normativas en algunos municipios.
Este viernes será presentado en el Senado el proyecto de ley de Transporte Vertical para reglamentar los ascensores de todo el país. Se trata de una iniciativa del senador Eugenio “Nito” Artaza, que garantizar la seguridad en los equipos en todo el territorio nacional, asegurar la accesibilidad de las personas con movilidad reducida y adecuar a normas comunes a los municipios en todo el ámbito territorial.
El proyecto pretende cumplir con las normas técnicas IRAM / Mercosur aprobadas para la fabricación e instalación de equipos de transporte vertical y lograr que el propietario o su representante legal cuente con un seguro de responsabilidad civil por potenciales daños a terceros y que impida el uso del equipo de su propiedad, si no cumple las garantías técnicas.
En el marco del estudio del tema, Artaza viene reuniéndose con los miembros de la FACARA, la entidad que nuclea a las cámaras y asociaciones de ascensores de la República Argentina, en pos de lograr una ley común que llegue a cada uno de los municipios de todo el país donde, en muchos casos, no cuentan con ningún tipo de reglamentación para su instalación y control.
El proyecto prevé regular la fabricación, instalación, control y conservación de todo equipo de transporte vertical. “Buscamos priorizar la seguridad de los argentinos en un transporte tan básico para la movilidad como es el ascensor, del cual nos damos cuenta lo esencial que es cuando no funciona o cuando tenemos que lamentar algún siniestro por alguna falla humana”, remarcó el senador Artaza.
La propuesta del senador busca generar un censo de todos los ascensores que permita el control tanto de los equipos como de la idoneidad de las empresas que se ocupan de su mantenimiento. “Somos optimistas con el impulso de este proyecto de ley nacional, que marque un camino a seguir de manera unificada en cuanto a la fabricación, instalación, conservación y control de los ascensores y que, principalmente, garantice la seguridad de los usuarios en todo el país”, señaló Andrés Pozzo, presidente de la FACARA.
Cifras alarmantes
El Comité Permanente de Seguridad de Ascensores quien trabaja en conjunto con la Superintendencia de Bomberos de la Policía Federal Argentina, alertó que el 48% de los accidentes de ascensores corresponde a fallas en la conservación del equipo, mientras que el 18% de los siniestros se dan por malas maniobras de los usuarios, de los cuales muchos se produjeron en viviendas o edificios multifamiliares donde viven niños y ancianos. Un 22 % de los accidentes corresponden al llamado pie de ascensor en los edificios que todavía cuentan con puertas tijera.
Al respecto, Pozzo, el titular de FACARA, señala que “Para disminuir estas cifras se debería contar una legislación por parte de los municipios que generen la obligación de cambiar estas puertas a través de un instrumento legal porque sin este elemento, a las empresas responsables del mantenimiento les resulta difícil crear conciencia en los consorcios para que las cambien por puertas seguras y reglamentarias”.
¿Por qué consideran imprescindible una ley nacional sobre el tema? Mientras el transporte público de pasajeros (colectivo) traslada diariamente 5.800.000 pasajeros en el territorio nacional, los subterráneos algo más de medio millón de personas y los ferrocarriles un millón de individuos; los ascensores en nuestro país, realizan alrededor de cuarenta y ocho millones de viajes por día, transportando nueve millones quinientos mil pasajeros.
Por tal razón, surgió la necesidad de impulsar una ley común para todo el país que regule la fabricación, instalación, conservación y control de ascensores, escaleras mecánicas, plataformas de elevación vertical o inclinada para minusválidos y todo otro dispositivo destinado al transporte vertical. Dado que en lo que va del año, se registraron cifras alarmantes de víctimas fatales, en su mayoría niños y personas mayores que advierten sobre la necesidad de contar con una legislación uniforme que se ocupe de esta problemática de inmediato, y garantice lo referido a estas instalaciones de uso cotidiano.
