El diputado nacional Bernardo Biella presentó un proyecto en el que solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la implementación de la Ley 26.892, sobre la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. Requiere que se detalle qué medidas se han promovido para alcanzar los objetivos de la ley, que normas sobre convivencia en las instituciones educativas el Ministerio de Educación de la Nación ha promovido y que acuerdos se han alcanzado en el Consejo Federal de Educación con el fin de regular las sanciones a ser aplicadas a los educandos en caso de trasgresión.

También pretende que se indique que cantidad de equipos especializados existen en cada una de las jurisdicciones para el acompañamiento y asistencia profesional ha fortalecido o promovido su creación. Además, se señale si existen denuncias o reclamos sobre la falta de acompañamiento o seguimiento de las situaciones de violencia o acoso en contextos escolares.

“La violencia y el acoso en sus diversas formas en el ámbito escolar afectan a un gran número de personas. Este padecimiento lo sufren alumnos, familias, docentes, profesores y directivos de la comunidad escolar. En reiteradas oportunidades este flagelo es silencioso y se mantiene oculto. En otras oportunidades los hechos no se denuncian esperando un cambio en la situación y lo más terrible más allá de la muerte, es aceptar la situación de violencia o acoso como algo normal, parte de la sociedad en que vivimos. Si la respuesta no es inmediata o no se le da un seguimiento continuo al conflicto, se produce el alejamiento de la comunidad educativa”, remarcó el legislador.

Además, el diputado comentó que “es notorio como la realidad, a través de los hechos concretos que los distintos medios de comunicación han sacado a la luz en estos últimos tiempos, es por ello que tenemos la necesidad de abordar y erradicar la violencia y el acoso en la sociedad y en el ámbito escolar. En este sentido desde la Comisión de Educación a la que pertenezco hemos trabajado distintos proyectos sobre la problemática de la conflictividad social en las escuelas. En el año 2012 luego de trabajar distintos proyectos, decidimos aprobar en conjunto un proyecto de declaración; posteriormente trabajamos y aprobamos la ley 26.892”.

El legislador recalcó que han trabajado en las herramientas que propician o sientan las bases para la convivencia y el abordaje de la conflictividad social en las instituciones educativas. “Es ahora el tiempo del Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios de Educación de las provincias, en el ámbito del Consejo Federal de Educación quienes tienen la responsabilidad de acordar y llevar adelante las políticas planteadas en la ley”, enfatizó.