La presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, Mónica Gutiérrez, presentó un proyecto de declaración destinado a que el cuerpo legislativo exprese su “preocupación ante la imputación judicial promovida contra Juan Pablo Suárez, editor del sitio web Última Hora, en relación con el desarrollo de su labor periodística durante hechos de conmoción social generados en la provincia de Santiago del Estero en el mes de diciembre de 2013”. La iniciativa fue acompañada por la firma del diputado nacional Omar Plaini, vicepresidente de la misma comisión.

Tras el allanamiento al medio del cual es responsable y permanecer detenido durante diez días, en diciembre pasado, Suárez enfrenta una acusación ante la Justicia Federal por “incitación a la violencia colectiva, agravada por la finalidad de aterrorizar a la población”.

En atención al caso, los fundamentos del proyecto sostienen que “la criminalización de los actos inherentes al ejercicio profesional periodístico, por vía de la represión penal, resulta incompatible con las bases del Estado de Derecho”.

“Confundir la presencia del trabajador de prensa, encargado de recoger testimonio directo de los hechos, con una participación activa en ellos implica un límite de riesgosa e inaceptable transposición, porque erosiona uno de los pilares de la vida democrática”, agrega.

Por tales motivos considera que corresponde a la representatividad popular de los diputados de la Nación “ratificar, como postura axiológica indeclinable, la defensa irrestricta del derecho a la información y la plena libertad de todos los actores involucrados en su ejercicio”.