“En el Congreso rige el principio de que la mayoría gobierna y también controla”

La diputada de Suma + UNEN, Carla Carrizo, no duda en afirmar que el Parlamento nacional perdió poder en estos últimos 10 años. Su gran desafío es “empoderar” al Congreso, modificando pocas cosas.

Por Pablo Riveros

Desde que ingresó como diputada nacional en diciembre pasado, Carla Carrizo asumió el desafío de articular su vocación científica con su vocación política, al decir de Max Weber. A cinco meses de su debut parlamentario, la politóloga expone un diagnóstico compartido, según el cual la consolidación del kirchnerismo trajo aparejada una “pérdida de poder” del Congreso frente al Poder Ejecutivo.

Sin embargo, marca la diferencia al ensayar una peculiar explicación: los reglamentos de las cámaras legislativas fueron confeccionados para “empoderar a las mayorías para que fueran agentes eficientes del Ejecutivo”, ya que “los presidentes caían fácilmente con un golpe”.

Pero ahora, advierte, la situación se prorrogó pese a la “consolidación” del Gobierno. El resultado es una mayoría con facultad de “gobernar y controlar” y unas minorías relegadas al plano de espectadoras.

Frente a esta situación, Carrizo aseguró que “el desafío es empoderar al Congreso, cambiando poquitas cosas”. En diálogo con Semanario Parlamentario, la diputada del bloque Suma + en UNEN habló de sus proyectos para facilitar los pedidos de informes y la creación de comisiones de investigación y para evitar la discrecionalidad de los gobiernos en la reglamentación de leyes. “Al no resolver estos asuntos en el Congreso, se judicializa la política”, destaca en la conversación que mantuvo con este medio.

– Presentó tres proyectos para “fortalecer al Congreso frente al Poder Ejecutivo”. ¿Podría precisar esta idea?

– La idea es que el Congreso pueda volver a ser eficiente en su vínculo con el Ejecutivo. No es que no lo fue; lo fue más o menos hasta el 2003 y luego apareció con una pérdida de poder. Esto se manifiesta en cuánto controla al Poder Ejecutivo, que es un rol clave en los Congresos contemporáneos. Hoy estos mecanismos de control fueron anulados porque rige el principio de la mayoría. ¿Cuál es el principio que rige en todos los Parlamentos que funcionan bien? La mayoría gobierna y la oposición controla. Pero en Argentina rige el principio de que la mayoría gobierna y también controla.

– ¿Cómo explica que exista esta forma de gobernar en nuestro país?

– Esto no sucede por casualidad o porque los diputados y senadores sean malas personas, sino porque las mayorías fueron débiles en Argentina y los presidentes caían fácilmente con un golpe. En ese entonces, la idea era que la estructura interna del Congreso, a través del reglamento, empoderara a las mayorías para que fueran agentes eficientes del Ejecutivo. Ahora, ¿qué pasó? Con este mismo reglamento, hasta 2003 el Congreso funcionó. Pero luego, con este mismo reglamento y este mismo espíritu, los mecanismos de control perdieron eficacia. Es decir, si bien esto sirvió para una etapa de consolidación, ya está. Ahora el desafío es empoderar al Congreso, cambiando poquitas cosas, sin que esto implique un chantaje por parte de las minorías. La idea es hacer una división eficiente entre los partidos de gobierno y los partidos de oposición. La mayoría debe poder gobernar. Pero los que no son mayoría también deben poder controlar.

– Para fortalecer los mecanismos de control del Congreso pone el foco en las comisiones de investigación y en los pedidos de Informes. ¿Qué propone al respecto?

– Como le decía, los mecanismos de control del Congreso perdieron eficacia. Hasta el 2003, por ejemplo, había un porcentaje razonable de creación de comisiones de investigación. Recordemos el caso por el “megacanje”. Las comisiones que se creaban tampoco era un montón, pero funcionaban. Hoy en día, en este ciclo político de 10 años, se presentaron 135 proyectos para crear comisiones de investigación, pero solamente se aprobaron tres.

– ¿Y a qué se debe esto?

– A que los proyectos para crear comisiones de investigación siguen el trámite de un proyecto de ley cualquiera: primero deben ser aprobados por la comisión y luego por el pleno, con todo el trabajo de consensos que esto requiere.

– ¿Entonces qué propone para que sea más fácil la creación de este tipo de comisiones?

– Que con el voto positivo de 40 diputados del pleno ya se puedan crear. Es el parámetro que tienen Brasil, Perú, Alemania, es decir, países federales. Además, con este número ya estamos hablando un de liderazgo parlamentario.

– Es decir que un bloque opositor, como la UCR, ya las puede crear.

– Exacto. Un quinto de la cámara me parece un número razonable. Y si se aprueba una comisión con esta cantidad de votos, significa que antes tuvo que pasar por la comisión y tuvo el apoyo de distintos legisladores.

– De todas maneras, para que sean eficientes hay que ver qué facultades se les asignan a las comisiones de investigación. Porque pueden crearse, pero con un margen de acción limitado.

– La idea es maximizar la comisión de investigación como instrumento de control. Ahora, la legitimidad o no de eso depende también de los fines.

– ¿Y qué propone para el caso de los pedidos de informes?

– Que no necesiten ser aprobados por las comisiones, como sucede ahora, y que lleguen al Ejecutivo de manera automática, una vez que los presentan los diputados. Un solicitud de información a un agente del Estado no puede seguir el mismo tratamiento que un proyecto de ley. Hoy en día se presentan cientos de pedidos de informes que no se aprueban. Creo que lo mejor sería que se presenten menos pedidos de informes, que sean trámites de excepción, como lo son en otros Parlamentos, pero con la garantía de que puedan ser respondidos. Hay que hacer un trabajo más sensato en el Congreso: menos leyes, menos pedidos de informes y menos propuestas de comisiones de investigación, pero con mecanismos más eficientes. Porque lo que tenemos es una especie de política ficción, donde todo el mundo cuantifica los proyectos que presenta y sabe que no van a aprobarse. Y el Congreso puede hacer otra cosa. Esto es un acto de impotencia permanente que lleva a la judicialización. Al no resolver estos asuntos en el Congreso, se judicializa la política. Porque el pedido de informes que no se resuelve se convierte en un amparo.

– Para cumplir con estos objetivos, ¿no haría falta también regular las citaciones a funcionarios del Poder Ejecutivo? Porque actualmente una comisión puede citarlos para que brinden informes verbales pero corre por cuenta del funcionario concurrir o no a la reunión.

– Eso es súper interesante y efectivamente hay muchas cosas que están pendientes. Decidimos empezar con esto pero somos conscientes de que hay un montón de cosas que hacen al desempeño del Congreso. Por ejemplo, los informes del jefe de Gabinete están establecidos por la Constitución, pero no hay sanciones previstas para el caso de que no se cumpla. Vayamos por partes. Empezamos con los pedidos de Informes y las propuestas de comisiones de investigación porque son mayores que los pedidos de citación.

– Por otro lado propone regular la facultad del Poder Ejecutivo de reglamentar las leyes.

– Nos dimos cuenta que hay un montón de leyes que son sancionadas pero que no son reglamentadas; hay leyes que se reglamentan muy rápido y otras que no se reglamentan nunca. Esto nos da la agenda de políticas públicas del Ejecutivo. Por ejemplo, ¿qué leyes le importan muchísimo al Ejecutivo? La Ley Antiterrorista se reglamentó en tiempo y forma. En cambio, ¿qué leyes que son importantes para la sociedad, que pudieron ser sancionadas porque hubo un clima social que las impulsó, no están reglamentadas? Nombro cuatro: modificación a la Ley de Trata; Bullyng; la regulación para que las obras sociales puedan financiar los medicamentos para diabéticos; obesidad. Es decir, hay políticas públicas pero no hay implementación. Y frente a esta situación, vemos que el Congreso perdió poder. Podríamos decir que el slogan de este ciclo político es: sobran leyes, faltan políticas públicas.

– ¿Qué propone para evitar estos casos?

– Podemos hacerle mucho más costoso al Ejecutivo la reglamentación de las leyes estableciendo un marco temporal. El Congreso en algunas leyes establecía que la reglamentación debía cumplirse en un plazo de 90 días desde la sanción. Entonces, proponemos un criterio único para todas las leyes: que el Ejecutivo tenga un plazo máximo de 180 días para reglamentarlas. Ahora bien, si aun así el Ejecutivo no reglamenta alguna ley, el jefe de Gabinete tiene que explicar por qué en cada una de sus visitas a las cámaras. De esta manera, el Congreso puede recuperar una facultad de controlar la implementación de la ley que produce y monitorear la implementación de políticas públicas. Por otro lado, establecemos un mecanismo nuevo que permita a los ciudadanos peticionar al Estado si uno de sus derechos está siendo vulnerado por la falta de reglamentación de alguna ley.

– ¿Ante qué autoridad estatal?

– Ante el Poder Judicial. Hasta ahora cuando hacemos un reclamo de este tipo nos contestan que la ley que consagra tales derechos tiene vigencia. Sin embargo, para poder hacer efectivo tu derecho tenes que presentar un amparo, que es un derecho extraordinario. Además, el costo del amparo corre por cuenta del ciudadano… Todo esto nos parece importante para empezar a ordenar un Estado creíble: un Estado con pocas leyes y muchas políticas públicas. Y no como sucede hoy, que tenemos muchas leyes y pocas políticas públicas.

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