Los primeros en tratar de marcar la agenda fueron altos funcionarios del Poder Ejecutivo y de alguna forma eso sirvió para que los diputados tengan la excusa perfecta para preguntarse ¿Quién es Alberto Pérez para decirnos por los medios el día que vamos a aprobar el proyecto? Eso provocó el tránsito lento del tratamiento del proyecto y la demora de su largada.

Cuanto todo parecía relajado el diputado sciolista Guido Lorenzino agarró con la guardia baja al massismo y sacó despacho imprevisto desde la Comisión de Seguridad que sorprendió a propios y extraños. Llamaba la atención algunas firmas que avalaban el proyecto tal como se había despachado.

Luego en la Comisión de Presupuesto que preside el diputado Darío Golía la cosa estuvo un poco más áspera, porque el tema de la automaticidad del financiamiento dividía aguas y solo se conformó a una parcialidad mayoritaria como para que el proyecto siga su curso.

A continuación fue el turno de Marcelo Feliú, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia; parecía la última escala que haría el proyecto y que no habría problemas, tal cual sucedió, ya que logró un mayoritario consenso para bajar al recinto.

Pero una reunión de jefes parlamentarios con intendentes del conurbano puso una pausa en los trámites normales. Para evitar fricciones formalmente se sostuvo que aún falta el paso por la Comisión de Derechos Humanos, que preside Fernanda Raverta, legisladora que será absorbida por la historia como la diputada que dio las puntadas finales de la nueva fuerza represiva.

Pero en rigor los intendentes, pragmáticos al fin, si bien seguirán negociando cada una de las comas del proyecto y luego de los convenios, entienden que la “voluntad política está definida”, hay que avanzar con la norma y el capítulo de Diputados se debe cerrar, por ahora, esta semana.

Objeciones

Las inquietudes manifestadas por los intendentes hacen referencia básicamente a que no están dispuestos a concurrir todos los años al Concejo Deliberante para realizar un informe “in voce” sobre el accionar y la planificación de la seguridad en relación a la nueva fuerza a crearse, tal como se estipula en el articulado alcanzado por los diputados hasta aquí.

En el proyecto quedó establecido que “como autoridad superior el Intendente municipal, debe presentar en forma presencial, y como mínimo, un informe anual ante el Concejo Deliberante, dando respuesta a toda inquietud que allí se planteare”.

Tampoco los intendentes están dispuesto a “que le remuevan” el Jefe de la Policía Local con la firma del 20 % del padrón y los dos tercios del Concejo Deliberante. “Yo lo pongo yo lo saco”, se escuchó decir a un Intendente en la reunión con los legisladores.

Pero efectivamente en el despacho de constitucionales se establece que “El Intendente municipal puede remover al Jefe de Policía en cualquier momento, designando a su sucesor en el mismo acto, con acuerdo del Departamento Deliberativo.

Asimismo, los ciudadanos del municipio pueden proponer su remoción por iniciativa popular. La propuesta debe ser acompañada por, al menos, el veinte por ciento del padrón electoral y refrendada por los dos tercios de los miembros del Departamento Deliberativo.

Por último, también se observa que acuerdo del Departamento Deliberativo para el nombramiento del Jefe de Policía local “está de más”.

Mirando a la tribuna

Desde el bloque del FpV se adelantó que el proyecto de ley para la creación de la Policía Comunal se votará en la sesión del miércoles 21, y que la bancada “en pleno” votará a favor de la propuesta. La ley merecía ser tratada sin apuro ni urgencias y evaluar cada uno de los aportes que recibimos”, explicaron.

“La oposición hace su juego -agregaron desde la bancada oficialista- , legítimo, para buscar sacar algún rédito, pero a nosotros nos preocupa más que sacar ventaja o pensar la política en términos de show dejar en claro nuestra responsabilidad y compromiso para que la ley sea lo mejor posible”.

En el Frente Renovador se quejaron de la postergación y ratificaron estar dispuesto a votar el dictamen de mayoría. La diputada Mónica López sostuvo que “no nos sorprende que el gobernador siga teniendo este tipo de actitudes, lo que necesitamos es que alguien ponga voluntad para cuidar a nuestras familias, pero fundamentalmente, para saber hacia dónde vamos en este último año y medio que le queda”.

Los representantes del Frente Amplio UNEN aseguraron que “el peronismo, en sus versiones de FpV y FR, tiene la obligación de ir con un único dictamen a la sesión” mientras ratificaron su negativa a la propuesta, pero aseguraron que van a dar el debate en el recinto.