En el marco de un encuentro celebrado en el Salón Azul del Senado de la Nación, el periodista santiagueño Juan Pablo Suárez relató su situación procesal. “Por lo único que me sacaron del calabozo, el 10 de diciembre, fue por la asunción de la nueva gobernadora de la provincia, Claudia Ledesma de Zamora”, dijo.

Y declaró: “El despotismo tiene aristas visibles. No creo en la justicia a la que me voy a someter. El fiscal que me acusa está denunciado por apropiación ilegal de tierras”.

“No pienso entregar mis fuentes. Si no entregarlas significa que cometo un delito, incurriré en él. Me han dejado desnudo. Esta ley está hecha para callar a quienes no pensamos igual. Si tengo que cumplir prisión efectiva lo voy a hacer. Lo prefiero antes que vivir de rodillas”, concluyó Suárez.

Estuvieron presentes las diputadas convocantes de Unión Pro Laura Alonso y Patricia Bullrich y la senadora Norma Morandini (FAP). También asistieron los diputados nacionales Elisa Carrió y Fernándo Sánchez (Coalición Cívica-UNEN), Omar Duclos (GEN-FAU), Graciela Camaño y Mirtha Tundis (Frente Renovador), Cornelia Schmidt-Liermann (PRO), Nestor Pitrola (Partido Obrero), Patricia De Ferrari Rueda (UCR) y Silvana Giudici (Fundación LED). Participaron además los periodista Gabriel Levinas (plazademayo.com) y Héctor D'Amico (La Nación) y las organizaciones ADEPA, FOPEA Y ADC.

Durante el encuentro, la diputada del Pro Laura Alonso señaló que “históricamente la Comisión de Libertad de Expresión recibió a periodistas agredidos. Ésta tradición se ha cortado hace algunos años. Lamentablemente ahora las comisiones, como la de Libertad de Expresión, están capturadas y tienen dueño”, se quejó.

La diputada advirtió que “está en juego no sólo la libertad de expresión de los periodistas, sino la de los ciudadanos, de todos. Cualquiera puede ser pasible de ser acusado por esta ley”.

Por su parte, la diputada Patricia Bullrich adelantó que el martes 27 van a tratar en la Comisión de Legislación Penal que ella preside el proyecto de derogación de la Ley Antiterrorista, presentado precisamente por la diputada Alonso. “Esto es el testimonio de la aplicación concreta de la ley, en una provincia que está nuevamente feudalizada, con mecanismos de extorsión y despotismo”, aseguró.

Periodista de profesión, la senadora Norma Morandini dijo que si había algo que celebrar es que “los derechos humanos no son de derecha ni de izquierda” y repitió: “la información no es un delito ni una mercancía. Es un derecho”.

A su vez, Silvana Giudici, titular de la Fundación LED, advirtió que la defensa de Suárez no sólo debe ser de diputados y periodistas, ya que “es un hecho de autoprotección como ciudadanos”.

Cornelia Schmidt-Liermann agradeció el coraje de Suárez y advirtió sobre el peligro cultural: “si no tenemos información, nos podemos formar menos”. A su vez, Graciela Camaño expresó que “estas son las cosas que no debemos permitir que ocurran en ningún gobierno”.

La diputada Mirtha Tundis, también del Frente Renovador, agregó: “La democracia está para opinar, pero sin agresiones”.

“Estoy horrorizada. Quiero señalar la complicidad del presidente provisional del Senado, Gerardo Zamora”, señaló Carrió.

Sentado a su lado, Omar Duclos calificó de “nuy bueno darle visibilidad a este hecho que afecta a todos los argentinos. Se puso la justicia al servicio de un régimen totalitario de una provincia”.

Patricia De Ferrari Rueda advirtió que además de Suárez, el líder Qom Félix Díaz está acusado por la “nefasta” Ley Antiterrorista. Ernesto Sanz dijo “No podemos considerarlo lejano por tratarse del Interior. Zamora es el máximo responsable de haber convertido a la provincia en un verdadero feudo autoritario”.

A su vez, el diputado Néstor Pitrola señaló que “no es la primera vez que un fiscal aplica la Ley Antiterrorista, ya se hizo con un grupo de ambientalistas en Catamarca. Esta ley se hizo para reprimir a movimientos populares”.

Gabriel Levinas pidió a sus colegas periodistas “no tardar tantos días en reaccionar en un caso así, ya que “el periodismo es muy difícil de ejercer en provincias como Santiago del Estero, porque la mayoría de la gente vive del gobierno provincial”. Y finalizó diciendo: “la libertad de expresión implica que yo puedo decir lo que queiro y que puedo acceder a la información”. Por su parte,Héctor D'Amico, de La Nación, expresó su preocupación por la causa, a quién considero de una “ilegalidad desproporcionada”.

Andrés D'Alessandro, de FOPEA, remarcó la importancia que la Comisión de Libertad de Expresión reciba “a colegas de todo el país”. Ramiro Álvarez Duarte, de ADC, advirtió que el principal problema de la Ley Antiterrorista es “la excesiva discrecionalidad, lo que permite abusos como los que estamos viendo hoy” y Carlos Laplacette, de ADEPA, señaló: “retransmitir lo que ocurre en la vía pública atemoriza al déspota, al corrupto”.