El pleno de la Cámara baja sesiona desde las 10.48 y se apresta a convertir en ley la iniciativa que reduce las cargas patronales a microempresas. La oposición insistirá en tratar Ganancias y una prohibición de despidos.
En el marco de una sesión especial convocada por el oficialismo, la Cámara de Diputados de la Nación se dispone a sancionar el proyecto de ley enviado por la Casa Rosada que reduce los aportes patronales de microempresas para fomentar el empleo registrado. La reunión plenaria comenzó a las 10.48 con la presencia de 131 legisladores del Frente para la Victoria y un puñado de opositores.
La iniciativa -aprobada por unanimidad en el Senado- cuenta con el aval del grueso del arco opositor, que adelantó su voto favorable en general aunque manifestará disidencias en algunos temas puntuales.
El dictamen del Frente para la Victoria fue firmado con disidencias por la UCR, el Frente Amplio Progresista y el Frente Renovador. En cambio, el Pro, Unidad Popular de Claudio Lozano y el Frente de Izquierda impulsaron proyectos alternativos.
Nuevo intento por Ganancias
No de manera inocente, el Frente para la Victoria convocó la sesión especial para las 11, con el fin de bloquear un nuevo intento opositor de debatir en el recinto los proyectos sobre impuesto a las Ganancias, suspensiones y despidos.
Sin embargo, la oposición insistiría con su reclamo una vez finalizada la sesión pedida por el oficialismo, al igual que el miércoles pasado, cuando la discusión se llevó adelante sin quórum.
Detalles del proyecto
Según el texto oficial, las microempresas que empleen hasta cinco trabajadores serán parte de un régimen definitivo por el cual no pagarán más contribuciones patronales.
En el caso de las microempresas de hasta 15 trabajadores, gozarán de un descuento del 100 por ciento en contribuciones patronales por cada empleo nuevo que tomen, durante el primer año.
El descuento será del 50 por ciento para las microempresas de 16 a 80 integrantes, y del 25 por ciento para las que empleen más de 80 personas, durante los primeros dos años.
Las pymes que violen este régimen perderán este y otros beneficios y serán incluidas en un Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que crea el proyecto. Allí se incluirán las sanciones firmes impuestas por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, las provincias o el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios.
La permanencia en el REPSAL tendrá como duración máxima un plazo de tres años, aunque en los casos de sanciones judiciales por delitos contemplados en las leyes de Prevención de la Trata de Personas y de Prohibición del Trabajo Infantil se aplicarán los plazos contemplados en el Código Penal.
En los casos en que el empleador acredite la imposibilidad fáctica o jurídica de cumplir con la regularización de la conducta que generó la sanción, el infracto permanecerá en el REPSAL por noventa días desde la fecha del pago de una multa.
De acuerdo al proyecto, los empleadores incorporados en este Registro no podrán acceder a programas o beneficios del Estado nacional o acceder a líneas de crédito otorgadas por bancos públicos.
Tampoco podrán celebrar contratos de compaventa, suministros, servicios, locaciones, consultoría, alquileres con opción de compra, permutas, concesiones de uso de bienes del dominio público o privado del Estado nacional, así como participar en obras públicas o concesiones de servicios públicos.
En tanto, si el infractor reincidiera en este Registro, se lo excluirá del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes y se le impedirá que deduzca del Impuesto a las Ganancias los gastos inherentes al personal.
