Los bloques del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), y Unidad Popular (UP) criticaron las características del proyecto. Pusieron el acento en las consecuencias negativas que pueden tener como complemento de la Bonaerense y en manos de jefes comunales.
Los bloques del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), y Unidad Popular (UP) anticiparon su rechazo al proyecto de Policía Local, que sería aprobado este miércoles por la Cámara Baja provincial.
“Las ´policías locales` vienen a reforzar el poder de fuego de la Bonaerense, no a reemplazarla. La Bonaerense controla en la provincia el llamado `gran delito´ (narcotráfico, desarmaderos de vehículos, trata de personas, juego clandestino) en alianza con sectores del poder político, económico y judicial”, dijo Christian Castillo del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) quien calificó el proyecto de “retrógrado”.
En esa línea, el legislador recordó los casos de Marita Verón, Luciano Arruga, y el Jorge Julio López, como ejemplos de la “maldita policía” y citó que existen ejemplos en todo el país sobre la complicidad de efectivos de seguridad con `el gran delito´.
A su vez, Castillo planteó que los cuerpos de seguridad, denominados de “aproximación y de prevención”, “serán grupos de choque al servicio de cada intendente, que las tendrá disponibles para utilizar contra los que reclamen por vivienda o salario y para amedrentar a los opositores de cada distrito”.
En la misma sintonía, la diputada de Unidad Popular (UP), Rita Liempe, criticó la falta de mecanismos de consulta en los distritos donde se puede implementar la iniciativa. “La policía está siendo muy cuestionada por la población por su accionar. Por esto, si vamos a crear nuevas fuerzas, deberíamos contar con la opinión de los vecinos”, apuntó.
Liempe señaló, además, que no es el “tiempo propicio” para discutir un proyecto de estas características y consignó que primero debe darse “una reforma estructural de las fuerzas para luego poder crear nuevos cuerpos que no estén viciados con la corrupción de los anteriores”.
“A la sospecha de corrupción que recae sobre los intendentes y sus vínculos con distintos negocios ilegales, le estamos otorgando mayor posibilidad de maniobra con una policía a su disposición”, enfatizó Liempe y recordó que el delito peligroso “muchas veces involucra a personas con funciones en instituciones públicas”.
El rechazo de ambos bloques se suma al ya anunciado por la Unión Cívica Radical (UCR), y el Frente Amplio Progresista (FAP), que desde el año pasado fijaron posturas contrarias a la iniciativa.
