Lo reclamó Oscar “Cachi” Martínez tras reunirse con representantes de la automotriz General Motors y con el presidente comunal de Alvear, Carlos Pighín. Lo acompañó el ex titular de la UIA y actual legislador massista, José Ignacio De Mendiguren. Analizó la situación con el economista y exministro Miguel Peirano.
En virtud de los serios problemas por los que atraviesa la industria automotriz, el diputado nacional Oscar “Cachi” Martínez y su par José Ignacio De Mendiguren se reunieron con representantes de la empresa General Motors, radicada en la localidad santafesina de Alvear. También participó el titular comunal de ese distrito, Carlos Pighín.
Según las últimas informaciones difundidas, los representantes de la multinacional tendrían intenciones de despedir empleados y comenzar con recortes horarios por el brusco descenso en la venta de unidades. Por tal motivo, los legisladores del Frente Renovador decidieron trabajar con el equipo económico de Sergio Massa y según manifestaron “urge declarar la emergencia laboral y productiva a la cadena de valor automotriz – autopartista”.
Martínez recordó: “este encuentro fue bastante tiempo antes a la ocurrencia del conflicto desatado en estos días y decidimos ponernos en contacto con los responsables de la industria porque predecíamos que esta situación iba a ocurrir más temprano que tarde. Por esa misma razón nos juntamos con la conducción del gremio Smata Rosario y le advertíamos acerca de nuestra profunda preocupación”.
Agregó que “nosotros pedimos el pasado 13 de marzo mediante un proyecto en la Cámara de Diputados nacional, derogar la Ley 26.929, que es la que iba a grabar a supuestos vehículos de lujo pero que terminó afectando a todos los niveles, tal como lo señalamos en su momento, cuando se trató la iniciativa en el parlamento. Nuestra postura posee sobrado fundamento y se sustenta en las recomendaciones del exministro de Economía Miguel Peirano, quien aconseja en este caso, analizar en el contexto actual las derogaciones impositivas definitivas, transitorias o aquellas modificaciones que se requieran”.
“Lo más preocupante es que los trabajadores sufren las consecuencias de las malas políticas. Hay que adoptar medidas impositivas, financieras, de preservación del empleo que favorezcan la reactivación de la demanda”, puntualizó.
El diputado santafesino exigió que “el Poder Ejecutivo Nacional convoque a una mesa de concertación para definir medidas urgentes que permitan preservar de inmediato el empleo. Esta mesa de concertación debe contar con la participación de los representantes de la cadena de valor automotriz como las terminales, los autopartistas, proveedores y concesionarias. También de sus representantes sindicales, autoridades competentes de las provincias afectadas y de las Comisiones de Industria, PyMES y Economías Regionales de este Congreso de la Nación”.
Hace varios meses, advertimos que “el panorama económico por la devaluación, sumado a los impuestos que se colocaron a un rango de unidades a fines de 2013, puso al sector en una encrucijada que está generando que hasta algunos concesionarios no quieran vender unidades ni tampoco sepan adonde están parados, tal como lo sostienen ellos mismos al conocerse recientemente la última lista de precios”.
El diputado massista concluyó que “lamentablemente, los informes de ACARA eran la crónica de un final anunciado porque se terminaron afectando ventas, patentamientos y cambio de unidades usadas. Esto no se va a solucionar amenazando a las automotrices sino asumiendo que es una realidad, ya que no es casual que General Motors, Peugeot, volkswagen y Renault, entre otras, hayan paralizado un porcentaje importante de sus producciones y no por capricho quieren dejar a decenas de familias sin trabajo. Todo lo acontecido se debe a medidas que lejos están de ser las necesarias para la reactivación económica de nuestra Nación”.
