Ocho diputados de distintos bloques presentaron los fundamentos y alcances de sus proyectos para regular las manifestaciones. Toma fuerza la propuesta para declarar la amnistía a los manifestantes procesados.
Por Pablo Riveros
El Congreso de la Nación comenzó a discutir formalmente uno de los temas más calientes de la sociedad argentina: las protestas sociales y la pertinencia de una “regulación” estatal. El debate se dio en el seno de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que conduce la kirchnerista Diana Conti, tras la presentación de una batería de proyectos por parte de todo el arco político.
Aunque la cuestión ocupa un lugar destacado en la opinión pública desde hace tiempo, sobre todo por los cortes de tránsito, lo cierto es que el Parlamento toma cartas en el asunto como respuesta al pedido de la presidenta Cristina Kirchner.
En términos generales, la discusión sobre la protesta social es planteada como una cuestión de “colisión de derechos”. Esto es, entre el derecho a la libre circulación y el derecho a la petición social ante el Estado; ambos consagrados por el artículo 14 de la Constitución Nacional.
“Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”, reza el texto de la carta magna.
Podemos decir entonces, que el eje principal de la discusión pasa por una de las tantas dimensiones de la protesta social: el formato o modalidad de manifestación, por cuanto lo que se problematiza son los cortes de tránsito.
La respuesta de los legisladores
“Todo el mundo tiene derecho a protestar pero no cortando la calle y complicándole la vida a los otros. Creo que vamos a tener que legislar. No pretendo que sea como en los Estados Unidos”, señaló Cristina Kirchner el 1ro de marzo ante la Asamblea Legislativa y pidió “alguna normativa de la convivencia ciudadana porque no puede ser que diez personas te corten una calle por más razones atendibles que tengan”.
De ahí en más se fueron presentando los cinco proyectos que comenzaron a discutir en la Comisión de Asuntos Constitucionales.
El primero que se conoció es impulsado por el jefe de los diputados del Frente Renovador, Darío Giustozzi, que en su carácter de presidente honorario de la “Sociedad Iberoamericana de Violentología” se queja desde hace tiempo por las consecuencias de los piquetes.
Luego vino el del oficialismo, con la firma del chaqueño Juan Manuel Pedrini. Como este fue ministro de Jorge Capitanich, la primera impresión fue que el proyecto estaba apadrinado por la Casa Rosada. Más aún si se tiene en cuenta que lleva como coautores a kirchneristas de “paladar negro” (Carlos Kunkel, Diana Conti, Teresa García). Sin embargo, ante el rechazo que generó por parte de organizaciones sociales oficialistas, el funcionario finalmente despegó al Gobierno de la iniciativa.
Mientras tanto pasaron desapercibidas las propuestas del massismo y la que luego presentó el diputado Federico Sturzzeneger (Pro). “Cuando otros partidos plantearon el tema, no recibieron la crítica virulenta de Clarín y (Héctor) Magnetto”, se despachó en una ocasión la diputada Conti.
A tono con la resistencia que generó la primera iniciativa del kirchnerismo, la misma legisladora aceptó el pedido del exdiputado Oscar Massei y representó un proyecto que incluye una amnistía para los imputados, procesados y condenados por protestas sociales producidas desde 2001 a la actualidad.
Finalmente, en medio de toda esta discusión, un grupo de diputados de distintos partidos opositores volvieron a la carga con la idea de declarar una amnistía más ambiciosa, que incluye no solo los casos de protestas callejeras sino también la ocupación de propiedad privada.
Este sector multipartidario rechaza cualquier intento de regular desde el Estado la protesta social y focaliza el debate en otras dos dimensiones del fenómeno: los protagonistas y los reclamos.
“No hay democracia sin la posibilidad de protestar. La protesta tiene que ver con la visibilización de los problemas. La reducción de la política a un expediente jurídico -con el inocultable propósito de amedrentar a los actores sociales, acallar los reclamos populares, desarticular los movimientos sociales y deslegitimar la protesta- significa la derrota de la política como forma de organización social”, resume Virginia Linares.
A continuación se presentan los puntos principales de los proyectos.
Espacios públicos
La iniciativa de Giustozzi establece que las manifestaciones de petición social deberán realizarse en los espacios públicos que determine el Poder Ejecutivo para tal fin. Los mismos deberán ser “idóneos y relevantes” y contar con la tecnología necesaria para que “quienes busquen ser escuchados logren llegar a sus destinatarios”.
El diputado pretende que las protestas sean programadas con antelación y previamente notificadas al Gobiernos para que éste disponga de las medidas pertinentes.
De igual modo, las manifestaciones “espontáneas” deberán realizase en dichos espacios públicos. De lo contrario, los participantes serán susceptibles de ser sancionados con trabajos comunitarios que duren entre seis meses y un año, con multas que podrán equivaler al monto de cinco salarios mínimos, o con “cursos de educación comunitaria”. Esto también alcanza para las personas jurídicas.
La iniciativa generó rechazo e ironía, incluso en el bloque massista. Algunos, por ejemplo, se burlaron de los establecimientos que prevé el proyecto al calificarlos de “corsódromos”.
La propuesta también lleva las firmas de Mario Das Neves, Rubén Sciutto, Mirta Tundis, Eduardo Fabiani, María Cremer de Busti, Oscar Martínez y Liliana Schwindt, todos del Frente Renovador.
Protestas “legítimas” e “ilegítimas”
El proyecto de “Ley de Convivencia en Manifestaciones Públicas” establece que este tipo de protestas deben ser avisadas al Ministerio de Seguridad con 48 horas de anticipación, especificando horario, lugar, motivo y un delegado para dialogar con la autoridad ante quien se peticione.
Este tipo de manifestaciones serán consideradas “legítimas” y en consecuencia el Estado deberá actuar para garantizar su desarrollo en forma pacífica. En cambio, las manifestaciones serán catalogadas como “ilegítimas” si no cumplen los requisitos de no cortar calles, afectar a servicios esenciales o no dar previo aviso. En este caso, las fuerzas de seguridad pueden “dispersar” la protesta.
Previamente a ese accionar, personal civil debe disuadir a los manifestantes y se deberá liberar parcialmente la calle, avenida o ruta cortada. Según la iniciativa, los mediadores civiles tendrán dos horas de plazo: si no se solucionara el corte, la fuerza de seguridad designada podrá actuar para despejar la protesta.
Carriles exclusivos
Federico Sturzzeneger y Patricia Bullrich, en cambio, proponen que no se apliquen las penas que establece el Código Penal en caso de que los manifestantes que interrumpan una vía de circulación terrestre garanticen la libre circulación en la mitad de los carriles por mano de circulación.
De lo contrario, además de ser reprimidos con prisión, los protestantes podrán sufrir multas que oscilarán entre los 500 y 5.000 pesos, toda vez que no hayan ejercido “violencia formal o material en las personas ni en las cosas”.
Asimismo, los diputados quieren que las manifestaciones sean avisadas a la autoridad competente con un plazo no menor de 24 horas. Y las protestantes deberán respetar las indicaciones de estas entidades, si las hubiera, respecto al ordenamiento.
Amnistía y Comisión de Medicación.
La propuesta de Oscar Massei, representada a través de Diana Conti y Alicia Comelli (MPN) establece una amnistía a los procesados, imputados o condenados por participar de manifestaciones populares desde diciembre de 2001 hasta el presente, salvo casos de homicidio o lesiones graves.
Además, crea una comisión de mediadores para atender las protestas. El proyecto apunta a los cortes de rutas, movilizaciones populares, interrupción de tránsito -ya sea terrestre, naval o aéreo-, como así también a la toma de establecimientos públicos o privados, la ocupación de inmuebles y a cualquier manifestación análoga. Ante todos estos casos deberá intervenir una Comisión de Mediación, convocada por el Ministerio de Justicia, con representación del Poder Judicial, el Ministerio Público y autoridades de seguridad.
Tras dejar claro que no podrá hacerse uso de la fuerza pública sin intervención previa de la comisión, salvo casos puntuales de violencia, se establece que si hay acuerdo en la mediación, no habrá sanción alguna. En caso de que la mediación no sea exitosa, habrá una intimación y en última instancia “se podrá hacer uso de la fuerza pública para hacer cesar la comisión de los delitos”.
El proyecto pone en discusión si la autoridad de aplicación corresponde al Ministerio de Seguridad (tal cual lo propone el proyecto de Pedrini) o al de Justicia y Derechos Humanos.
Amnistía general
El proyecto de ley “contra la criminalización de la protesta social” declara la amnistía a los imputados, procesados y condenados por su participación en este tipo de acciones colectivas, que según explicaron los autores serían 5.000 personas en los últimos 10 años.
Esto se extiende a todas las consecuencias penales y a las sanciones no penales, ya sean disciplinarias, administrativas o contravencionales. “Nadie podrá ser interrogado, investigado y/o citado a comparecer por imputaciones o sospechas de haber participado en los hechos que fueran objeto de la presente ley”, precisa el texto.
La propuesta abarca a los cortes de vías de tránsito terrestre, naval o aéreo; a las movilizaciones por reclamos puntuales; a las ocupaciones de edificios públicos o privados, de espacios públicos, tierras o inmuebles desocupados; a la actividad de las asambleas populares; así como a los paros, huelgas, acampes, caravanas y “ollas populares”.
Se trata de una iniciativa presentada por primera vez en 1999 y que, por pérdida de estado parlamentario, fue presentándose cada dos años. Recoge la lucha del Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia y propuestas de dirigentes que hoy militan en el oficialismo, como el diputado Jorge Rivas y la embajadora en Gran Bretaña, Alicia Castro.
Este año el proyecto contó con las firmas de Virginia Linares y de sus colegas del GEN Margarita Stolbizer y Fabián Peralta. También lo firmaron Nicolás del Caño, Néstor Pitrola, Pablo López (FIT), Facundo Moyano (Cultura, Educación y Trabajo), Claudio Lozano, Víctor de Gennaro (Unidad Popular), Ricardo Alfonsín (UCR), Alcira Argumedo (Proyecto Sur), Pablo Javkin (CC ARI), Alicia Ciciliani (PS), Victoria Donda (Libres del Sur) y Oscar Anselmo Martínez (Movimiento Solidario Popular), un aliado del oficialismo.
¿Por qué ahora?
La pregunta que surge inevitablemente es por qué ahora (y no antes) el Gobierno plantea la necesidad de una regulación estatal. En el Congreso, en tanto es el ámbito del que emanará un intento de canalizar este tipo de conflictos, se han escuchado dos interpretaciones, aunque no son las únicas.
Una primera respuesta, planteada por izquierda por el sector multipartidario que propone la amnistía, es que el Gobierno necesita “controlar” las situaciones de conflicto social que recrudecieron con el rumbo de la economía (aceleración del proceso inflacionario, aumento de impuestos, problemas en la generación de empleo privado, entre otras cuestiones). Lisa y llanamente, este sector lee las propuestas para “regular” los piquetes como la contracara de un “ajuste” económico.
Otra, también compartida por distintos partidos, se limita a decir que los cortes de tránsito se han “exacerbado” producto de su incorporación a la cultura política argentina como una práctica normal. En línea con esto, se afirma que los piquetes han pedido “legitimidad” por su cotidianeidad y generalización.
Al mismo tiempo, advierten que el régimen penal establecido para los cortes de tránsito ha perdido sustento, en la medida en que no siempre se cumple.
En efecto, el Código Penal, en su artículo 194, establece: “el que, sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas, será reprimido con prisión de tres meses a dos años”.
Así las cosas, esta perspectiva guarda silencio al tratar de continuar con la cadena causal.
Como fuera, según supo Parlamentario de una alta fuente del oficialismo, la intención del Frente para la Victoria es “generar un debate” para que “todos pensemos cómo podemos armonizar los derechos en colisión” y así lograr consensuar una ley al respecto.
Entretanto, el oficialismo intenta ser claro. “Creemos tener la legitimidad y la autoridad, incluso haber pagado costo políticos, por la no criminalización de la protesta social desde (que Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación en) 2003”, se defendió Diana Conti ante las críticas opositoras e insistió: “esa bandera no la vamos a bajar”.
