Buscarán dictamen de comisión para anular la polémica norma, tras la imputación de un periodista santiagueño. Repaso de la resistencia que generó la ley incluso en el propio oficialismo.
Por Pablo Riveros
Mientras el Congreso se aboca a debatir una “regulación” a los piquetes, los partidos opositores con representación parlamentaria se unirán este martes con el propósito de derogar la denominada Ley Antiterrorista con el argumento de que la norma sienta las bases para criminalizar la protesta social.
La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, a cargo de Patricia Bullrich (Unión Pro), se reunirá a las 15 y pondrá en consideración cuatro proyectos que proponen derogar la ley 26.734. Las iniciativas corresponden a Victoria Donda (Libres del Sur), Laura Alonso (Unión Pro), Manuel Garrido (UCR) y al exdiputado Gerardo Milman (GEN).
La norma fue sancionada el 27 de diciembre de 2011 en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por la presidenta Cristina Kirchner, con el argumento de que su sanción era una exigencia del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina pasara a ser considerada como un destino seguro de Inversiones Externas Directas.
Sin embargo, en ese entonces un importante grupo de organizaciones sociales, referentes de los derechos humanos y ministros de la Corte Suprema de Justicia, además de la oposición parlamentaria, salieron a advertir por las consecuencias del texto normativo.
Aunque la oposición no tiene mayoría en la comisión, de todas maneras buscará dar el debate y firmar un dictamen. Pero incluso con el despacho de este cuerpo, los proyectos deberán pasar por el filtro de la Comisión de Finanzas, conducida por el kirchnerista Carlos Heller (Nuevo Encuentro).
¿Qué dice la ley?
La norma establece que cuando alguno de los delitos previstos en el Código Penal hubiera sido cometido “con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”, la escala penas se incrementará en el doble del mínimo y el máximo.
Pero a continuación añade que dichos agravantes “no se aplicarán cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional”.
No obstante, dos casos reactivaron la polémica por la criminalización de la protesta social y el ejercicio de la libertad de prensa.
En enero de 2012, asambleístas de Catamarca que cortaban una ruta nacional en protesta contra la minería a cielo abierto fueron privados de su libertad e imputados por “actos de terrorismo y poner en riesgo la seguridad pública” por el fiscal provincial subrogante Julio Landivar.
A fines de año pasado, Juan Pablo Suárez, el editor responsable del sitio web de noticias Ultima Hora de Santiago del Estero, fue encarcelado luego de cubrir una manifestación de un policía provincial y su familia a fin de que sus colegas se sumaran a la ola de acuartelamientos que se vivía en todo el país.
Ese día el policía fue detenido y Suárez filmó toda la secuencia. Minutos después, una comisión policial detuvo al periodista al acusarlo de “sedición”, por lo que permaneció preso más de una semana. Sin embargo, cuando la causa pasó a la justicia federal el fiscal Pedro Simón lo acusó también de “incitación a la violencia colectiva”, agravada por la “finalidad de aterrorizar a la población”, en los términos de la Ley Antiterrorista.
Así, para Laura Alonso la norma “no hace más que ampliar el poder punitivo del Estado arbitrariamente, atentando de ésta forma contra los derechos y libertades individuales”. Según Victoria Donda, el texto no solo tiene un “nulo efecto disuasorio contra los actos de terrorismo sino que por su grosera amplitud e imprecisión, abre las puertas a un total avasallamiento de garantías constitucionales”.
Resistencia kirchnerista
Al margen de estos casos, la ley generó resistencia incluso en el propio kirchnerismo. Según pudo averiguar parlamentario.com, cuando la Casa Rosada dio a conocer el proyecto a sus legisladores, un grupo de diputados de la juventud kirchnerista -que por entonces debutaban en el Congreso- se resistió a votar la primera versión del texto y logró modificar algunos puntos del articulado, antes de que comience su tratamiento legislativo.
Cuando el proyecto comenzó a tratarse, el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, consideró un “absurdo” agravar la pena de todos los delitos por la posibilidad de que estén vinculados al terrorismo, porque “crea un desequilibrio” en el Código Penal y estos hechos “pueden terminar teniendo penas más altas que delitos más graves”.
En ese sentido, calificó la propuesta de “matete jurídico” que permitirá además dictar prisiones preventivas eternas por delitos leves, por estar relacionado con supuestos acto de terrorismo. Y denunció que de aprobarse la ley, se repetiría “la misma técnica que se usó en el 2004, por la presión de Juan Carlos Blumberg”.
Luego, a través de un comunicado, el CELS precisó que la legislación antiterrorista utiliza conceptos tan abiertos e imprecisos que “hacen posible la aplicación de estos agravantes a la gama de figuras penales típicamente utilizadas para la criminalización de la protesta social: en la persecución de resistencias a desalojos, cortes de vías de circulación o simples actos de protesta en el espacio público”.
Mientras tanto, un juez cercano al oficialismo, como lo es Eugenio Zaffaroni, manifestó que la Ley Antiterrorista “resulta de una extorsión de ese organismo (el GAFI), manejado por los intereses de quienes lavan dinero en el Hemisferio Norte”.
“La ley antiterrorista ha sido ampliamente criticada y nosotros nos hemos sumado a esa crítica. Como política legislativa, ese artículo no es bueno y mucho menos aplicarlo a una protesta social”, aportó el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Ricardo Lorenzetti.
A modo de conclusión, la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, reflexionó: “Me parece que esta ley hay que revisarla un poquito más (…) Que las cosas estén claras. Si hay un gobierno de facto la van a aplicar como ellos quieren”.
