Un legislador quiere saber si se han cumplido las disposiciones que debían implementar el concesionario por el acuerdo correspondiente al Operativo Vigía.
El vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara baja, Gustavo Valdés, solicitó al Poder Ejecutivo informes sobre la ejecución de las adaptaciones edilicias y las disposiciones de seguridad que debía implementar el concesionario de la terminal de ómnibus de retiro, TEBA SA, según el compromiso asumido con el estado nacional en virtud de las condiciones establecidas en el acuerdo por el Operativo Vigía.
“El Operativo Vigía es un programa que desarrolla el Ministerio de Seguridad de la Nación con el objetivo de optimizar los controles de personas y cargas en el transporte público de pasajeros de larga distancia, implementando un sistema integral de control e inspección sobre los despachos de encomiendas que se remiten desde que ingresan a la Terminal”, señaló Valdés.
“TEBA SA debía disponer el establecimiento de equipos de inspección por rayos X en los puntos de acceso y salida operados por personal policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria especialmente capacitado y se comprometió a realizar adaptaciones de la infraestructura edilicia orientadas a ordenar la actividad, permitiendo que sólo las personas que desempeñan funciones relacionadas con el envío y/o recepción de encomiendas accedan al sector habilitado para ese fin”, agregó el diputado radical.
El acuerdo preveía la instalación adicional de cámaras de alta resolución en el ámbito de la propia Terminal de Ómnibus, la construcción de una calle interna de rodaje ubicada dentro del perímetro de la Terminal que facilite la operatoria de arribos y partidas de Ómnibus sin interferencias de ningún tipo y la construcción de una barrera física que delimite claramente el perímetro de la Terminal, en torno al cual se desplegarán diferentes puntos fijos y móviles asignados a Gendarmería Nacional.
“La seguridad ciudadana es un objetivo al que el estado debe aspirar de manera irrenunciable, desarrollando políticas públicas que persigan el fin de evitar, entre otras cosas, la comisión de faltas y delitos. Es a su vez deber de la sociedad ejercer un control que permita fiscalizar el avance y la concreción de dichas políticas. Asumimos como funcionarios públicos la función de control que el pueblo delega muchas veces en nosotros. En base a ello exigimos al Poder Ejecutivo que informe en qué estado se encuentran las obras que debían desarrollare como parte del Plan Vigía”, concluyó el diputado correntino.
