Pese a que históricamente he estado a favor de toda iniciativa legislativa que fomente la inclusión, el empleo y la correcta registración laboral, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para la “promoción del trabajo registrado y prevención del fraude laboral” me genera algunas inquietudes. ¿Es esta la respuesta necesaria y adecuada al problema que tenemos hoy? ¿Realmente entendemos la gravedad del trabajo no registrado?

La informalidad laboral no es un problema nuevo. El último estudio del barómetro de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina expresa que el trabajo no registrado viene en franco aumento desde el año 1974. Las estadísticas son dispares pero no pocos analistas aseveran que aquél alcanza a más del 40% de los trabajadores de Argentina. Al analizar el proyecto del Gobierno tengo la sensación que se trata de una iniciativa más, que podrá ser acompañada, pero que no generará más empleo ni solucionará la informalidad. La iniciativa es importante porque en ella el Gobierno reconoce tardía y parcialmente los síntomas de la enfermedad. En el proyecto el Poder Ejecutivo acepta que sólo con crecimiento económico y más controles no alcanza para revertir la informalidad. Se necesitan reformas sobre las instituciones laborales con énfasis en las pequeñas empresas, que son uno de los eslabones más débiles de la cadena económica y sobre las que se ejercen mayores presiones.

Según la consultora Idesa solamente uno de cada cinco empleos del norte Argentino es de calidad. Los últimos datos del propio INDEC son elocuentes al respecto: en la Ciudad de Buenos Aires el 44% de los ocupados son asalariados privados registrados. En la Patagonia ese porcentaje se reduce al 36%. En la región centro al 33%, y en el norte apenas al 18%. Estos datos demuestran que la tasa de empleo no registrado es muy alta, especialmente en aquellas zonas de nuestro país donde residen los sectores sociales más vulnerables. A la problemática descripta se suma la incoherencia del Estado, que combate el trabajo no registrado, pero al mismo tiempo es el mayor empleador informal del país.

Si no generamos medidas tendientes a la creación y conservación del empleo, el estancamiento que se observa en la economía y que promete acentuarse, tendrá graves consecuencias sobre los trabajadores en cuanto a su estabilidad y ocupación. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo persigue dos loables objetivos: la creación de un Registro Público de empleadores con sanciones y la creación de beneficios para el trabajo registrado. En el registro mencionado serán inscriptos quienes hayan eludido normas laborales, perdiendo la posibilidad de acceder a subsidios, préstamos de bancos públicos, y el derecho de contratar con el Estado.

Los beneficios para el empleo registrado serán la rebaja de las contribuciones patronales para aquellos empleadores que contraten nuevos trabajadores y los inscriban debidamente.

Ahora bien, si entendemos que la mayor proporción de empleo no registrado se encuentra en pequeñas empresas, ¿de qué sirve la amenaza de quita de subsidios que el pequeño empresario no recibe, o la imposibilidad de acceder a contrataciones que jamás buscó?

Es primordial buscar soluciones que verdaderamente generen empleo y disponer las condiciones, económicas y sociales, para que ningún trabajador quede desprotegido en la República Argentina.

Más allá de los aspectos laborales que encuadran al proyecto del Poder Ejecutivo, no debemos dejar de prestar atención a temas, incluso más importantes que hace a la esencia de nuestra concepción de país, como ser ciertos desatinos rayanos con la inconstitucionalidad. Tal es el caso de la obligatoriedad de centralizar la fiscalización sobre el cumplimiento de la ley, es decir ejercer el poder de policía, en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Ello además de ser opuesto a nuestra carta magna, va en contra de lo dispuesto por el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) suscripto entre las provincias y el Poder Ejecutivo Nacional. En virtud de dicho pacto, cada provincia ejerce el control de lo que sucede en materia laboral dentro de su territorio. Lo que dispone el proyecto recientemente sancionado implica un nuevo avance del Estado Nacional sobre las jurisdicciones provinciales, en franco antagonismo con el artículo 1º de nuestra Constitución que consagra los principios de representatividad, republicanismo y federalismo.

La lucha contra el empleo informal será eterna hasta tanto no tengamos al frente del Estado Nacional a alguien que entienda que los beneficios de estar dentro de la ley deben superar los de la informalidad. Y que los costos de acceso a la legalidad nunca deben ser tan altos que se vuelvan de imposible cumplimiento para la sociedad. El punto justo debe ser encontrado entre los trabajadores y los empleadores. Leyes como la que propone el Gobierno son un pequeño parche, pero lejos se encuentran de una solución definitiva para los trabajadores argentinos. Y ello siempre sin dejar de tener en cuenta todos los preceptos y principios consagrados en la Constitución Nacional.