Los usuarios y consumidores vemos con preocupación la distorsión que actualmente existe en los comercios, que a pesar del avance de las tecnologías, se resisten a implementar mecanismos de pago de uso corriente por parte de la población, tales como las tarjetas de crédito y débito.

La legislación vigente no exige aún la obligatoriedad de garantizar a los usuarios y consumidores dichos medios de pago. Originalmente podía considerarse razonable el carácter opcional de la utilización de las tarjetas de crédito o débito para las transacciones comerciales. Sin embargo, a raíz de la bancarización operada en la economía argentina en la última década, el avance de la telefonía móvil y a la presencia cada vez mayor del comercio virtual, resulta imprescindible que los comercios garanticen a sus clientes la libre elección de la forma de pago para sus compras.

En la actualidad aquellas personas que trabajan en relación de dependencia, los autónomos, cuentapropistas, jubilados y pensionados y quienes reciben algún tipo de subsidio asistencial del Estado se encuentran bancarizados, esto es que cuentan efectivamente con una caja de ahorro. Haciendo cualquier compra con su tarjeta de débito, el consumidor incluso percibe una devolución del 5% del IVA, por lo que no aceptar este medio de pago implica privar al consumidor de un beneficio económico que no se aplica a las operaciones en efectivo.

Además, el hecho de no poder pagar nuestras compras con tarjeta implica que tanto consumidores como comerciantes nos veamos obligados a contar permanentemente con grandes sumas de dinero en efectivo, teniéndose en cuenta la inflación y la consecuente pérdida del valor del billete de máxima denominación en la actualidad, es obvio el gran riesgo de seguridad para ambas partes debido a la cantidad de billetes que hay que tener encima sólo para ir al supermercado o pagar un proveedor.

Si bien desde diferentes sectores comerciales se han manifestado en contra de la obligatoriedad del uso del posnet, el argumento que exponen es el de considerar que su instalación y mantenimiento implica un gasto mensual extra y excesivo. Sin embargo, entre los costos de mantenimiento, impuestos y comisiones los valores se ubicarían entre los $200 y $300 mensuales, lo que significa un promedio de $8 diarios.

Las entidades bancarias acreditan los fondos provenientes del débito en 48 horas y para crédito demandan 18 días, a la vez que los emisores de tarjetas cobran el 1.5 porciento al debito y 3% al crédito. Por esos ingresos, deben tributar 1,2% de impuesto a los créditos y débitos bancarios por el impuesto al cheque y el 3% de ingresos brutos en el caso de Neuquèn, ya que esta tasa depende de cada provincia.

Por otro lado, el uso obligatorio del posnet ayudaría a generar mayor transparencia en la economía, dado que impediría una evasión fiscal tan grande como la que se registra en la actualidad. Para mencionar un ejemplo, durante el pasado verano la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) realizó una serie de controles de facturación presenciales en distintos comercios de la costa argentina que no aceptaban tarjetas como medios de pago y el resultado fue que ante la presencia de inspectores estos comercios facturaban entre 300% y 1.000% más de lo declarado con anterioridad.

Estas dos últimas reflexiones nos llevan a suponer que tal vez la resistencia del uso obligatorio del posnet no tenga como fundamento principal lo referido a los costos por su implementación, sino más bien que estaría vinculado a la recaudación impositiva, sobre todo a la aplicación del IVA, como así también a una cuestión cultural ya que es común escuchar y ver que los comerciantes sólo incluyen en la caja diaria lo que les ingresa por billete en efectivo. Sea como fuere los consumidores y usuarios no podemos ser rehenes de las decisiones injustificadas de algunos comerciantes que pretenden imponer su conveniencia por encima de nuestros derechos.

Elegir el medio de pago es un derecho de los consumidores, por lo que es importante que como sociedad nos propongamos este debate y exijamos un pronto tratamiento de las distintas iniciativas de ley que ya existen en ambas cámaras del Congreso de la Nación.