Diputados macristas exigieron a la comisión que preside la oficialista Adela Segarra que trate el proyecto presentado en 2012 para destituir al vicepresidente en el marco de la causa Ciccone, por la que fue citado a indagatoria.
Diputados nacionales de Unión Pro presentaron este lunes un escrito en el que piden ampliar las causas por las que habían exigido hace dos años el juicio político al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, quien fue citado a indagatoria en el marco de la investigación de la quiebra de Ciccone Calcográfica.
El pedido es impulsado por Patricia Bullrich, Gisela Scaglia, Laura Alonso, Eduardo Cáceres, Cornelia Schmidt Liermann y Pablo Tonelli, y fue enviado a la Comisión de Juicio Político, presidida por Adela Segarra (FpV), quien hasta el momento no dio curso a ninguno de los proyectos presentados por la oposición contra funcionarios del Poder Ejecutivo.
“El juez tiene bastantes motivos y elementos para sospechar que el vicepresidente de la Nación ha participado de la comisión de un delito, de lo contrario no podría haberlo citado a indagatoria; y si el magistrado de la causa tiene bastantes motivos y elementos para sospechar de esta situación también los tiene esta Honorable Cámara, la cual no puede seguir haciéndose la distraída, omitiendo darle el tratamiento debido a este tema tan sensible para la ciudadanía Argentina”, denunciaron los macristas.
Los diputados insisten, entre otras cosas, en que el entonces ministro de Economía y su socio José María Núñez Carmona habrían rescatado de la quiebra a la imprenta Ciccone, a través de la sociedad The Old Fund y de Alejandro Vandenbroele.
En el escrito, los legisladores recuerdan que ampliaron los fundamentos en tres ocasiones y que, a pesar de que el tema no fue tratado, “hemos llegado a una instancia de gravedad institucional y de escarnio para la República” con la citación por parte del juez Ariel Lijo.
“¿Qué otra información, dato, o acción espera el oficialismo parlamentario para permitir el tratamiento de este expediente? De más está decir, que el juicio político garantiza el debido proceso y la defensa de quien está acusado. No debería temer el tratamiento quien no tiene nada que esconder”, advirtieron.
Para ampliar el pedido de juicio político, los diputados argumentaron:
1) Que Amado Boudou tuvo injerencia, de forma directa, para la adquisición, de Ciccone Calcográfica asistiendo a reuniones relativas a esta operación.
2) Que Amado Boudou habría realizado gestiones, a través de funcionarios afines, en los actos necesarios para el levantamiento de la quiebra de Ciccone Calcográfica, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para poder contratar con el Estado Nacional; y que en esa gestión habría participado Resnick Brenner – Jefe de asesores de la AFIP- en el trámite de un plan de pagos ilegal en dicho organismo.
3) Que The Old Fund participó en la reestructuración de la deuda pública de la Provincia de Formosa. Que esta empresa percibió dinero del Estado por “asesorar” al gobierno de Insfrán. Que en esta ocasión Amado Boudou intervino en su carácter de Ministro de Economía, firmando el 11 de marzo de 2010 una addenda al convenio original entre el Gobierno Nacional y el Gobierno provincial que implicó, finalmente, la emisión del título de deuda por $ 312.941.277, 63 y un ingreso dinerario para The Old Fund de $ 7.667.161.
4) Que Amado Boudou habría interrumpido una licitación que tramitaba en Casa de la Moneda, que permitía el autoabastecimiento de la producción de la totalidad de las demandas de billetes del Banco Central con el fin de que la imprenta Ciccone sea contratada para ese fin por el Estado Nacional
5) Que durante las elecciones del año 2011, la Compañía de Valores Sudamericana, que es el nombre que adquirió la Ex Ciccone, habría llevado a cabo un negocio privado de impresión de boletas electorales con el Frente para la Victoria, partido para el que Amado Boudou era candidato a vicepresidente. Que por dicha operación la Compañía de Valores Sudamericana cobró un monto de $ 12.212.953,09.
6) Que siendo Amado Boudou, Vicepresidente Electo, en fecha 14 de noviembre de 2011, la Compañía de Valores Sudamericana, a través de Vandenbroele, solicitó un nuevo plan de pagos ante la AFIP, el cual esta vez resultó aprobado en fecha 25 de noviembre de 2011 y que a su vez determinó el otorgamiento del certificado fiscal para contratar con el Estado, el cual es expedido el 13 de diciembre de 2011, fecha en la cual Amado Boudou ya ejercía la Vicepresidencia de la Nación.
7) Que en fecha 16 de abril de 2012 se realiza la firma del contrato entre la Compañía de Valores Sudamericana y Casa de la Moneda. Se acordó la impresión de 410.000.000 de billetes, por los que se abonaría el 58,74% del precio neto por millar que acepte el Banco Central, según cada denominación de billete, más IVA, y un canon locativo sobre la planta. Que atento a que en ese momento Amado Boudou ya ejercía el cargo de Vicepresidente de la investigación y de comprobarse la veracidad de todo lo expuesto anteriormente sobre lo cual pesa un alto grado de sospecha se encontraría claramente configurado una accionar delictivo por parte del funcionario con conductas tipificadas y sancionadas por el Código Penal y la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
