Los diputados nacionales presentes en la Comisión de Justicia dieron dictamen favorable al proyecto de ley de la diputada nacional del Frente para la Victoria María del Carmen Bianchi que permite a las comunidades indígenas litigar sin costo en los procedimientos judiciales donde reclamen el ejercicio de derechos de incidencia colectiva. Sólo se manifestó en contra el diputado del Pro Pablo Tonelli.

En esta iniciativa, el beneficio comprende la exención, de pleno derecho, del pago de impuestos, sellado de actuaciones, costas y gastos, cualquiera fuere el resultado del proceso.

En los argumentos, Bianchi destacó que “en el marco de las políticas públicas implementadas por el gobierno nacional, entre las que se encuentran el hacer realidad reivindicaciones históricas soterradas por el neoliberalismo, mi iniciativa apunta a brindar más oportunidades para que las comunidades indígenas puedan hacer valer sus derechos en relación con la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que históricamente les pertenecen”.

“Mientras la Constitución Nacional de 1853 imponía al Congreso el deber de 'conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo', cláusula que era manifiestamente violatoria de la igualdad consagrada en el mismo instrumento legal, la reforma de 1994 introdujo como principio fundamental el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, estableciendo en cabeza del Congreso de la Nación determinadas obligaciones, tales como garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe, reconocer la personería jurídica de las comunidades, y la posesión y propiedad comunitaria de la tierra, entre otras. Luego, la sanción de otras leyes y la adhesión a tratados internacionales fueron reconociendo con mayor precisión los derechos de los pueblos originarios”, agregó.

Y finalizó: “Este proyecto, ya con dictamen favorable, es una herramienta más en el camino trazado y cuenta con el apoyo de diversos organismos de derechos humanos entre los que se encuentran SERPAJ, el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra, la Asociación de Abogados de Derecho Indígena; Programa de Derechos Humanos, Secretaría de Extensión, Universidad Nacional del Litoral, Cándido Pujato N° 2751, provincia de Santa Fe, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Mesa de Pueblos Originarios de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal, entre otros.