Todos los aspectos vinculados al caso Ciccone y la posible implicación del vicepresidente Amado Boudou, revisten una inmensa gravedad institucional que debe llamar la atención de toda la clase dirigente, pero fundamentalmente de la ciudadanía. Boudou es investigado por su presunto interés para salvar de la quiebra a la imprenta Ciccone cuando era ministro de Economía: está acusado de negociaciones incompatibles con su función por haber contribuido a dejar en manos de supuestos allegados suyos la gestión de la empresa.

Todo este proceso ha servido para sacar a la luz una compleja red de acciones vinculadas al tráfico de influencias, contrataciones entre amigos muy onerosas para el erario público, procesos de encubrimiento y hasta accionares mafiosos por parte de personas muy allegadas a altos funcionarios del Estado.

Una mención especial merece el conmovedor testimonio de Guillermo Reinwick quien dijo que lo amenazaron varias veces. El yerno de Nicolás Ciccone acusó a Núñez Carmona, socio de Boudou, de haberle advertido que mataría a uno de sus hijos si “tocaba” al vicepresidente. Aquí sus textuales palabras: “Núñez Carmona fue quien me amenazó, y eso figura en mi declaración. Puntualmente es la persona que me dijo «si tocás al vicepresidente, voy a tu casa y te quemo un pibe»“. Lamentablemente éste relato no pertenece a una película hollywoodense del género policial, de esas en la que se relata el accionar de las mafias… es penosamente la realidad que vive hoy la Argentina. Y no de mafias que actúan en el ámbito privado, sino enquistadas en los más altos estratos del poder.

Toda persona tiene derecho a que se presuma inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Y lo digo también con respecto al vicepresidente Boudou. Por eso es que me sorprende tanto la estrategia implementada por el partido en el gobierno de dilatar la acción de la Justicia. Porque al fin de cuentas, si en verdad no tuviera nada que ver con los delitos que se sospechan, cuanto más rápido actúe la justicia, mejor, porque en ese caso su inocencia no se presumiría, sino que quería demostrada.

Exhibir la inocencia de Boudou sería un gran beneficio para nuestra Nación, en momentos en que la crisis económica y social en que estamos inmersos requiere de instituciones fuertes y confiables capaces de sortearla, en lugar de instituciones cuestionadas que sólo servirían para precipitar la hecatombe. No olvidemos que algunas de las crisis más agudas que hemos vivido se desencadenaron por hechos vinculados a la vicepresidencia. Bien lo dijo el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo cuando remarcó que la situación de Boudou “es un tema demasiado serio como para hacer política partidaria”. En las propias manos del Vicepresidente y del Ejecutivo está la posibilidad de que éste tema se esclarezca cuanto antes.

Por sus implicancias, el caso Ciccone ensucia de algún modo a todos los poderes del Estado: al Ejecutivo en primer lugar, pero también al Judicial y al Legislativo. Respecto de éste último, el Congreso, no debemos olvidar el escandaloso tratamiento Express de la estatización de la Ex Ciccone, que quedará en la historia como uno de los trámites legislativos más vergonzosos que nos haya tocado tratar en estas cámaras. Más cuando tenemos en cuenta que muchas leyes muy necesarias y reclamadas por la ciudadanía llevan años, y algunas incluso nunca logran sancionarse, mientras que ésta “estatización del encubrimiento” salió en dos semanas.

El papel de la justicia, contra la cual el Ejecutivo también ha tratado de arremeter, es fundamental. Por eso no es casual que el kirchnerismo evalúe la posibilidad de impulsar una investigación contra Ariel Lijo, Juez que llamó a Boudou a indagatoria. Probablemente quieran aleccionarlo como al fiscal Campagnoli, que tuvo la osadía de investigar en la causa de Lázaro Báez. En éste caso se da una paradoja lamentable: jamás en la historia argentina reciente se ha suspendido a un fiscal de la Nación por no investigar adecuadamente hechos de corrupción, al punto tal de permitir que prescriban decenas de ellas. En cambio, se le destituyó al citado funcionario judicial por procurar avanzar en causas donde existen fundadas presunciones de severos delitos contra la administración pública.

La enseñanza que nos urge rescatar de estos sucesos, es la urgente necesidad de fortalecer nuestras instituciones, que es la piedra fundamental de nuestro sistema republicano: la división de poderes como garantía del resguardo de los derechos de los ciudadanos, y de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios de gobierno.