Reunió 73 diputados de distintos bloques cuando necesitaba 129 para deliberar. Buscaba aprobar una declaración para pedirle al Ejecutivo que no aplique una ley del propio Congreso. Falta de acuerdo sobre la derogación o la denuncia del pacto.
Tal como estaba previsto, fracasó por falta de quórum la sesión especial convocada por la oposición para solicitarle al Poder Ejecutivo que se abstenga de aplicar el acuerdo con Irán por la causa AMIA.
Le reunión plenaria se dio por fracasada a las 10.30, media hora después del inicio de la convocatoria. El arco opositor estuvo lejos de reunir los 129 diputados necesarios para iniciar las deliberaciones ya que juntó a 72 legisladores de distintos bloques.
A ellos se sumó Julián Domínguez, el único del Frente para la Victoria, en calidad de presidente de la Cámara baja.
En rigor, la oposición no logra por sí misma el quórum reglamentario. Con la ausencia de diputados del oficialismo o de sus aliados tradicionales, fue imposible que la sesión prosperase.
Sin embargo el arco opositor tampoco tuvo asistencia perfecta. A la hora de reunir quórum estuvieron ausentes el jefe del Pro, Federico Pinedo; el líder del Partido Socialista, Hermes Binner; los sindicalistas Víctor De Gennaro, Omar Plaini y Facundo Moyano; y el jefe de los diputados que responden a los Rodríguez Saá, Walter Aguilar.
Pablo Javkin (Coalición Cívica), Eduardo Costa, Eduardo Brizuela del Moral (UCR), Soledad Martínez (Pro), Mario Das Neves (Frente Renovador) y los diputados del Frente de Izquierda tampoco estuvieron en el recinto antes de que fracasara la reunión. Nobleza obliga, posteriormente varios de ellos, como Javkin y Costa, llegaron al recinto y participaron de la sesión, pero la misma ya se desarrollaba en minoría.
“No importa el número, sino no claudicar en la causa que nos mueve”, manifestó al respecto el jefe de los diputados radicales, Mario Negri.
Pedido de abstención
El arco opositor pretendía aprobar un proyecto de resolución del Frente Amplio Unen mediante cual se le solicita al Poder Ejecutivo que “se abstenga de dar comienzo de ejecución” al acuerdo y que “manifieste” al Gobierno iraní “su intención de que el tratado no entre en vigencia”.
La sesión fue impulsada luego de que la sala I de la Cámara en lo Criminal y Correcional, con las firmas de Eduardo Farah y Jorge Ballestero, declarara la inconstitucionalidad del acuerdo. No obstante, el fallo ya fue apelado por la Casa Rosada.
Como la iniciativa opositora no busca derogar el pacto, en los hechos significa un pedido de no aplicación de una ley que sancionó el propio Congreso en febrero de 2013. El acuerdo fue promovido por el Gobierno con el objetivo de “reactivar” la investigación sobre el atentado a la mutual judía en 1994.
Cabe decir que en su mensaje ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo, la presidenta Cristina Kirchner había solicitado a la oposición elaborar una propuesta alternativa el mencionado pacto para reactivar la investigación judicial.
En tal sentido, la iniciativa opositora solo le pide el Ejecutivo que “reitere a Interpol -atento la caracterización del hecho como crimen de lesa humanidad-, la solicitud de difusión roja de las capturas ya pedidas respecto de Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati, y Hadi Soleimanpour”.
Manifestaciones en minoría
La falta de quórum no impidió a la oposición hacer manifestaciones en minoría en el recinto de deliberaciones. Así, las diputadas Laura Alonso (Unión Pro) y Berta Arenas (Compromiso Federal) redoblaron la apuesta e insistieron con la derogación del acuerdo por parte del propio Parlamento, pese a que el proyecto en cuestión solo solicita la no aplicación del mismo.
La propuesta fue rechazada por Margarita Stolbizer. Para la diputada del GEN, “no corresponde” que el Congreso derogue el acuerdo dado que existe la posibilidad de que la Corte Suprema de Justicia finalmente avale la constitucionalidad del mismo, tras la apelación del Gobierno.
Por eso, la bonaerense consideró que la oposición debe “exigirle al Gobierno que denuncie el tratado por incumplimiento de la contraparte”.
Por otra parte, Sergio Massa señaló que la intención era “plantear la oportunidad de dar marcha atrás con un error que tiene más que ver con caprichos y dificultades de comprensión respecto del problema, que con la realidad concreta de la búsqueda de justicia por parte de los familiares” de las víctimas del atentado. El pacto puso al país es una “en una situación casi ridícula”, aseguró.
Luego, Elisa Carrió (CC) insistió en declarar la nulidad absoluta del acuerdo y Claudio Lozano (Unidad Popular) reafirmó su propuesta de conformar una comisión de notables con acceso a los informes secretos para reactivar la causa.
Qué dice el pacto con Irán
El acuerdo establece la creación de una Comisión de la Verdad compuesta por juristas internacionales para analizar toda la documentación presentada por las autoridades judiciales de Argentina e Irán.
El cuerpo estará compuesto por cinco comisionados y dos miembros designados por cada país, seleccionados conforme a su reconocido prestigio legal internacional, pero que no podrán ser ni argentinos ni iraníes. Además, el pacto establece que ambos gobiernos acordarán conjuntamente respecto a un jurista internacional con alto standard moral y prestigio legal, quien actuará como presidente de la comisión.
Una vez que la comisión haya sido establecida, las autoridades de Irán y de la Argentina se enviarán entre ellas y a la comisión la evidencia y la información que se posee sobre la causa AMIA. Los comisionados llevarán adelante una revisión detallada de la evidencia relativa a cada uno de los acusados. Para tal fin, el cuerpo podrá consultar a las partes a fin de completar la información.
La comisión y las autoridades judiciales argentinas e iraníes se encontrarán en Teherán para proceder a interrogar a aquellas personas respecto de las cuales Interpol ha emitido una notificación roja.
Luego de haber analizado la información recibida de ambas partes y efectuado consultas con las partes e individuos, la Comisión de la Verdad emitirá un informe con recomendaciones sobre cómo proceder con el caso en el marco de la ley. Ambas partes tendrán en cuenta estas recomendaciones en sus acciones futuras.
