“Fiel a su natural cortoplacismo, el Gobierno nacional plantea una discusión con las provincias centrada en la apropiación de la renta petrolera”, se quejó el diputado mendocino Enrique Vaquié, que advirtió a continuación que “si realmente tenemos como objetivo de Estado alcanzar el autoabastecimiento energético, es la Nación quien debe modificar su conducta para garantizar las condiciones de inversión en el país”.

El legislador radical sostuvo que “el Gobierno nacional se desentiende de su responsabilidad de establecer seguridad jurídica y mantener un tipo de cambio competitivo, entre otras cuestiones fundamentales para conseguir las inversiones que necesita la empresa estatal”.

El exministro de Hacienda de Mendoza explicó que lo que cobran las provincias por la explotación petrolífera “es marginal” al lado de lo que la Nación recauda: “No deberíamos debatir solo lo que reciben los gobiernos provinciales, que es marginal, sino también por qué cobrando el crudo menos que en el resto del mundo tenemos unas de las naftas más caras. El ímpetu recaudatorio de la Nación afecta tanto a las provincias como a los consumidores y no tiene una contrapartida en la calidad del funcionamiento de la empresa ni en la atracción de inversiones”.

El economista radical explicó que la Argentina es el único país del mundo en el que el barril de crudo en vez de salir US$ 105 (calidad WTI) sale US$ 70. “En las provincias, las petroleras según el esquema actual deberían pagar 3,5 % de impuestos a los ingresos brutos, en la realidad pagan 2 %, y regalías. Esto equivale a menos de US$ 10 por barril. Mientras tanto, el Gobierno nacional, por mantener el precio del barril de crudo a US$ 70, se queda con US$ 35 más impuestos nacionales. Sin embargo, hoy el centro del debate es la participación de los gobiernos provinciales, titulares del recurso explotado”, sostuvo.

“Las provincias, por lo menos Mendoza, todavía no logran que YPF cumpla con los acuerdos preexistentes ni con las leyes provinciales. El lunes se sentarán a negociar cuando la petrolera le debe a Mendoza más de $ 500 millones de impuesto a los ingresos brutos, ese tipo de cuestiones no pueden pasar inadvertidas para los gobernadores tampoco”, concluyó.