El diputado nacional Enrique Vaquié analizó la carga impositiva del sector hidrocarburífero en la provincia de Mendoza y afirmó que YPF no respetó las alícuotas que sancionó la Legislatura provincial para la actividad de extracción de petróleo entre 2012 y 2014, según consta en sus declaraciones juradas del Impuesto a los Ingresos Brutos.

“Mientras que a nivel nacional se intenta achicar aún más la participación de las provincias en la explotación de hidrocarburos, desde enero de 2012 a la fecha YPF adeuda a la provincia de Mendoza aproximadamente 512 millones de pesos entre capital, intereses y multas. Por esto, cabe la posibilidad cierta de sanciones superiores debido a multas por evasión que podrían llevar la deuda a 845 millones de pesos aproximadamente”, afirmó el economista radical.

Para Vaquié, la situación “es claramente inaceptable y viola cualquier criterio de equidad tributaria”. Además, sostuvo que aunque la empresa hizo públicos algunos de los pagos que efectúo a la provincia, “preocupa que intenten confundir a las personas haciendo pasar las regalías por un impuesto cuando no lo son”.

“Las regalías debe pagarlas al dueño del recurso que explotan, en este caso Mendoza, por la concesión que tiene. Leyendo algunas declaraciones de la empresa parece que olvidan que la potestad sobre el recurso es de la provincia y que es por eso que deben pagar regalías”, se quejó el diputado.

El exministro de Hacienda de Mendoza recordó que las petroleras deben pagar 3, 5 por ciento de impuesto sobre los ingresos brutos mientras que muchas actividades mucho menores tienen mayor carga impositiva. “Pasan por alto que un almacén, una tienda de ropa, una casa de repuestos para el automotor, entre otros, deben pagar exactamente el mismo porcentaje por el impuesto. Ni hablar de que un profesional, una fotocopiadora, un peluquero, un zapatero que pagan 4 por ciento por sus actividades. Hoy, un profesor particular paga más impuesto sobre sus ingresos brutos que una petrolera”, advirtió Vaquié.

También señaló que “otra cuestión confusa que se debe aclarar es que respetar los derechos de las provincias no significa que la política hidrocarburífera nacional deje de ser una y coordinada por el Poder Ejecutivo Nacional ni que aumentar el precio del barril del petróleo implique aumentar el costo para el consumidor, que hoy paga lo que paga precisamente por la política diseñada por el Gobierno nacional”.

“Nos estamos parando desde una provincia en la que la producción de YPF cayó 15 por ciento en 2013 y 7 por ciento en el primer trimestre de 2014 y a la que han llamado a consensuar sin poner ninguna de estas cuestiones sobre la mesa, lo que nos parece injusto”, concluyó.