La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, que preside Diana Conti (FpV) recibió este martes a cinco especialistas que cuestionaron los proyectos para regular la protesta social y coincidieron en abandonar la idea de la colisión de derechos para pensar en el rol que debería asumir el Estado frente a las manifestaciones.

Durante la reunión, que pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes, expusieron Paola García Rey (Amnistía Internacional); la ex defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Pierini; Lucas Grosman (Universidad de San Andrés); Marcela Perelman y Paula Litvachky por el CELS.

Con la excepción de Grosman, quien cuestionó el derecho a realizar piquetes, los especialistas remarcaron el principio de legitimidad de las protestas sociales y también le pidieron al Congreso que discuta los lineamientos del uso de las fuerzas de seguridad en estos casos, a raíz de distintos episodios de represión.

Al abrir la ronda de exposiciones, García Rey pidió analizar “cuál es el rol que le cabe al Estado frente a las manifestaciones públicas”, y, en este sentido, explicó que “el marco de acción del Estado para regular el derecho a la protesta está restringido por los estándares internacionales”.

Además, agregó que “las regulaciones generales provocan que se avance en restricciones que no están permitidas por el derecho internacional”, y por eso pidió evaluar las protestas “caso por caso”, aunque aclaró que “el contenido (de la manifestación) no debe ser motivo para declarar una protesta legítima o ilegítima”.

A su turno, Pierini consideró que “el Estado tiene que tener un rol de protección y prevención frente al conflicto”, ya que “no está sólo para restringir”, y “para esto hay que tener en claro qué expresa una protesta social”.

En esta línea, opinó que “el diagnóstico determina la manera de intervenir del Estado”, y sostuvo que este diagnóstico “sale mal” si “el paradigma de las fuerzas de seguridad es el combate contra el delito”.

En tanto, admitió sus “dudas” respecto a “que el tema sea el conflicto de derechos”, al asegurar que en realidad “hay una absoluta incapacidad de la función política de resolver el conflicto”. Por eso, consideró que el Estado debería contar con un cuerpo de profesionales que funcionen como mediadores o “facilitadores”.

Por su parte, Grosman coincidió en que “el esquema del conflicto de derechos no es el más feliz”. El abogado se centró en el tema de los piquetes y sostuvo que no existe un derecho constitucional a cortar la calle “como parte del derecho a la libertad de expresión”.

“Este tipo de protesta no favorece la deliberación democrática”, sentenció, por cuanto “implica un grado de violencia” y un “daño intencional” a terceros para presionar a una autoridad pública por un reclamo insatisfecho; y dijo que “si el objetivo de la manifestación es cortar la calle, la distinción entre un corte de calles parcial o total no es satisfactoria”.

Perelman, coordinadora del equipo de Políticas de Seguridad y Violencia Institucional del CELS, sostuvo que “el aporte del Congreso” debería ser “fortalecer el abordaje no violento de la protesta social”, el cual, observó, “no es la orientación predominante de los proyectos en discusión”.

En igual sentido Livachky, directora del área de Justicia y Seguridad, resumió la postura del organismo de Horacio Verbitsky y remarcó la importancia de contemplar tres principios: “el principio de legitimidad de la protesta social”, “el principio de mediación política de los conflictos” y “el principio de regulación de la actuación de las fuerzas de seguridad”.

“Los proyectos se paran desde la idea de que hay un uso abusivo de la protesta y que por eso hay que restringirlo”, cuestionó, cuando en realidad “la discusión debe ser sobre una legislación que clarifique la forma en que el Estado protege a quienes protestan y garantiza el derecho a la protesta”.

Livachky también se diferenció de Grosman por “reducir la cuestión a la discusión del piquete”. Además, criticó la división entre protesta “legítima” e “ilegítima” que promueve uno de los proyectos, y enfatizó que el Congreso “no tiene la facultad para regular la modalidad, el tiempo y el lugar de la protesta”.

Tras el cuarto intermedio dispuesto hasta el próximo martes, la comisión continuará con la ronda de exposiciones sobre el tema, mientras se sumaron tres nuevos proyectos a los seis que ya había, presentados por Remo Carlotto (FpV), Alberto Asseff (Frente Renovador) e Ivana Bianchi (Compromiso Federal).