Mientras el gobierno se victimiza y denuncia la persecución mediática sobre el actual vicepresidente, debemos recordar y tener presente que no es la primera vez que Amado Boudou está involucrado en irregularidades fiscales que complican el desempeño de su función pública y develan la corrupción institucional de un gobierno que defiende lo indefendible.

Recordemos que en el 2009 una causa judicial involucró a Boudou y a otros funcionarios en la compra irregular de Préstamos Garantizados por parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad con el objetivo de “inflar” el canje de deuda de esos instrumentos por otros emitidos al 2014 y 2015 con el ajuste inherente. Lo cierto es que ese año se compraron Préstamos a distintas Sociedades de Bolsa por $570 millones a precios arbitrarios, a través de maniobras financieras que curiosamente beneficiaron a banqueros amigos del Gobierno como Jorge Brito. Sin embargo, una vez más las conductas sospechosas contaron con la complicidad oficial, a través del Decreto Nº 2103/08 que habilitó al Fondo de Garantías de Sustentabilidad a realizar dichas operatorias.

Pero las irregularidades continuaron y en el año 2010 las operatorias del canje de la deuda encontraron a Boudou una vez más envuelto en sospechas e imputado por tráfico de influencias e información oficial. Resulta que cuando el gobierno, luego de la crisis económica mundial del 2008, tomó la decisión política de captura bonos defaulteados desde el 2005 al 2009 para iniciar la reapertura del canje, los bancos norteamericanos que fueron convocados por la consultora Alcaldía para realizar la operatoria aceptaron la propuesta sabiendo de antemano que la Argentina iba a canjear los títulos en default por otras emisiones nuevas. Esta tráfico de información, que les permitió comprar títulos argentinos a un precio muy bajo, involucró a Hernán Lorenzino, en ese momento Secretario de Finanzas y, una vez más, a Boudou.

El manto de sospechas sobre Boudou no termina ahí, y lo coloca en el centro de los negociados de la reestructuración de deuda pública de la Provincia de Formosa. Es en ese momento cuando aparece en escena la empresa de Alejandro, The Old Fund (TOF), que luego realizaría la cuestionada adquisición de la imprenta Ciccone.

Por entonces Boudou intervino en su carácter de Ministro de Economía y la empresa de Vandenbroele fue contratada como asesora para negociar la deuda pública entre el gobierno provincial y nacional, en una operación que le significó a la consultora y ingreso de $7.667.161 por los servicios prestados, siendo curiosamente la primera factura emitida por la empresa “fantasma”.

En fin, hoy las acusaciones sobre el actual vicepresidente resuenan en la opinión pública denunciando irregularidades en su función pública, mientras el aparato oficialista intenta desvincularlo de las maniobras corruptas que son cada vez más irrefutables. Sin embargo, el pasado reciente nos muestra que las irregularidades han teñido en múltiples ocasiones la conducta del Boudou, que contó siempre con la complicidad de los organismos oficiales corruptos y con la ayuda de empresarios amigos dispuestos a negociar a favor de intereses comunes; mientras que el presente cercano parecería dejar claro que el accionar de Boudou cuenta con el aval y la directriz de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Jorge Silvestre es presidente del bloque de Diputados radicales de la provincia de Buenos Aires