La diputada del GEN Margarita Stolbizer presentó un proyecto que promueve la creación de una Comisión Bicameral Permanente con potestad de seguimiento y control de las personas jurídicas expropiadas.

La Comisión tendrá como misión el control y el seguimiento del proceso expropiatorio, tanto en forma previa, como con posterioridad; el cumplimiento de las condiciones y objetivos previstos en la ley, así como los resultados económico-financieros que se deriven en cada caso particular, la evaluación de calidad de funcionamiento y ejercicio de las responsabilidades asignadas a los funcionarios a cargo. La conformarían 8 senadores y 8 diputados nacionales.

“Basta tener presente las personas jurídicas expropiadas durante los últimos años y las presuntas irregularidades y sospechas que pesan sobre ellas, para que sea necesario asumir un control, a fin de evitar consecuencias negativas futuras sobre el patrimonio de los argentinos”, fundamentó la diputada.

A modo de ejemplo destacó el caso de Compañía de Valores Sudamericana, (ex Ciccone Calcográfica). En el año 2012 se declaró de utilidad pública y sujeta a expropiación y se determinó que el precio de los bienes serían tasados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que la suma que eventualmente debería abonarse será pagada con la deuda que la empresa registre ante la AFIP y que una vez culminado el proceso de expropiación, la totalidad de los bienes pasarán a integrar el patrimonio de la Casa de la Moneda. El levantamiento de la quiebra de la ex Ciccone Calcográfica y su posterior desenvolvimiento, dieron origen a una serie de denuncias e investigaciones en las que se encuentran involucrados funcionarios de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, como el vicepresidente de la Nación Amado Boudou.

Otro caso es el de Aerolíneas Argentinas, la línea aérea de bandera Argentina dedicada al transporte comercial de pasajeros. Desde fines del año 2008 la empresa se encuentra en manos del Estado Nacional, como producto de un proceso de expropiación. Dicho proyecto de Aerolíneas Argentinas, Austral Líneas Aéreas y las demás empresas pertenecientes al Grupo fue ratificado y convertido en ley el 17 de diciembre de 2008, siendo declaradas estas empresas de utilidad pública. Según surge de un informe de la Auditoría General de la Nación de este año, Aerolíneas Argentinas y Austral recibieron transferencias por u$s 2.700 millones desde su estatización. La AGN subraya que tanto Aerolíneas como Austral “incrementaron sus pérdidas acumuladas, las que impactaron sobre su estructura patrimonial”. Además advierte que estos pasivos pueden establecerse “como causal de disolución” de la sociedad comercial, por “la pérdida del capital social, debiendo los accionistas reintegrar total o parcialmente su capital para que no se produzca la liquidación”, según se desprende del inciso 5º del Artículo 94 de la Ley de Sociedades Comerciales.

“Los hechos descriptos, en los que se encontrarían involucrados funcionarios públicos, y en donde se hallan en juego fondos públicos ameritan por parte de todos los poderes del Estado de la realización de todos los controles y seguimientos que resulten necesarios”, puntualizó.