El vicepresidente 1º de la Legislatura, Cristian Ritondo, designó este jueves, por decreto, al doctor Fernando Molina, abogado y catedrático especialista en derecho penal, a cargo de la Unidad de Aplicación de la Ley de Ética Pública de la Legislatura porteña, organismo creado para el control del cuerpo parlamentario y cuyo titular definitivo será elegido por un concurso que debe reglamentarse.

Al respecto, Ritondo manifestó que “al tomar en sus manos la responsabilidad de instrumentar los medios para que quienes tenemos obligaciones y deberes para con la sociedad y los vecinos de la CABA actuemos en consonancia con los principios éticos que nos impone la ley, la sociedad puede quedarse tranquila y confiar en su actuar, pues usted es una garantía en el cumplimiento de lo que se debe hacer de acuerdo con rigor ético”.

Lo definió como “un hombre del derecho, un jurista de su talante es, sin lugar a dudas, la persona que con alto grado de idoneidad puede desempeñar tal cargo. Aporta tranquilidad el hecho de que el doctor Molina sea el encargado de velar porque esta Legislatura tenga más actos de transparencia, sea más visible y clara”.

Fernando Molina tiene 35 años de carrera en ciencias jurídicas, se recibió de abogado en la santafesina Universidad Nacional del Litoral, es especialista en derecho penal, ejerce la docencia en las universidades nacional de Buenos Aires y de Rosario y entre 1984 y 1991 fue secretario de la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, cuando el titular de ese organismo fiscalizador era su padre, el legendario fiscal Ricardo Molinas, ya fallecido.

El decreto 097/2014 de designación “interinamente a cargo de la Unidad de Aplicación de la Ley de Ética Pública” aclara que la responsabilidad será ejercida “mientras se llevan adelante los procedimientos de la ley 4895 para llamar a concurso público de antecedentes” a fin de designar al titular definitivo.