Raúl Maza, María Carla Policicchio y Jorge Garay, presidente, vice y tesorera de la ONG en representación de sus 40 distritos de la provincia de Buenos Aires, plantearon ante los diputados Liliana Schwindt; Gilberto Alegre, Marcelo D'Alessandro y el doctor Horacio Rivero, del equipo técnico en materia penal, el serio flagelo de seguridad.

En ese marco hablaron de lo que consideran como “la magra actividad de la Policía Bonaerense”, tanto en su tarea de prevención del delito, contención de las víctimas y “la grave situación” del Servicio Penitenciario Bonaerense.

La reunión llevada a cabo en la sede del bloque Frente Renovador de la Cámara baja tuvo como fin acercar proyectos de ley de modificación del Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires, respecto a dar más facultades a las víctimas, para tener la posibilidad de intervenir con más intensidad en la sustanciación en la investigación de los ilícitos que padecen los ciudadanos.

Expresaron en ese sentido la necesidad de modificar el Servicio Penitenciario Bonaerense dotando de personal idóneo, capacitado y que no sea electo por “la dedocracia”; y contribuir a implementar políticas públicas claras y expeditas en materia de minoridad, adicción y deserción escolar, con marcada carencia en la agenda política actual en la provincia.

“Es nuestro derecho exigir, peticionar y lo haremos sabiendo que el gobierno provincial no cumple con las leyes vigentes y nos deja a los vecinos y a las fuerzas de seguridad en manos de aquellos delincuentes que hoy en día se encuentran siempre un paso adelante de lo que realizan los funcionarios públicos, siempre con mejor armamento, con mejores estrategias, etcétera”, aseguraron desde la ONG.

“Como forma de expresar nuestro descontento y buscando soluciones, planteamos en este espacio político nuestra bandera de resistencia social a la inseguridad”, puntualizaron.