Entre otras cosas, el borrador del proyecto que será enviado al Congreso fija nuevas condiciones para las concesiones de áreas, elimina el sistema de "acarreo" y el impuesto a los sellos en los contratos.
El Congreso de la Nación se prepara para discutir uno de los temas fuertes del año: la sanción de una nueva Ley de Hidrocarburos, de especial interés para las provincias a partir de los beneficios que prometen los yacimientos de petróleo “no convencional”, como Vaca Muerta.
Luego de la reunión que la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, mantuvo este lunes con los gobernadores de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), el Gobierno dio a conocer detalles del proyecto que enviará al Parlamento.
Como uno de los puntos principales, el borrador fija nuevas condiciones para las concesiones, a través de mecanismos de adjudicación de áreas por licitación competitiva; esto significa que se priorizarán las empresas que propongan la mayor inversión y actividad exploratoria.
En este sentido, se unifican los pliegos de las licitaciones en todas las jurisdicciones y se eliminan las reservas de áreas y el denominado “acarreo”, un sistema que le permite a las provincias participar de la exploración y explotación que hacen otras firmas sin invertir dinero.
Otro de los ejes del proyecto tiene que ver con el mantenimiento de las regalías y aportes en concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) y para infraestructura, por parte de las empresas petroleras a las provincias.
Por otra parte, se reducen los plazos de exploración, se revisan las condiciones para su renovación y se distingue su duración entre los distintos tipos de yacimientos, ya sean convencionales, no convencionales, plataforma continental y mar territorial.
En las concesiones se mantiene el plazo de 25 años para el petróleo convencional, se establecen 35 años para el shale (no convencional) y 30 para en aguas profundas; en los tres casos habrá una prórroga de 10 años.
En tanto, se establece un régimen especial para la importación de bienes e insumos, y se impide que los municipios dictar impuestos sobre la industria petrolera. Otra reforma importante tiene que ver con el establecimiento de la alícuota de Ingresos Brutos en el 3 por ciento y la quita del impuesto a los sellos en los contratos.
En cuanto a la estrategia para atraer inversiones, se replican los beneficios del decreto 929/2013, que posibilitó el acuerdo YPF-Chevron. Por último, el borrador fija estándares mínimos comunes para la protección del medioambiente.
