Se realizará el próximo martes en la Legislatura porteña con el objetivo de discutir acerca del traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos de la Ciudad a la Nación.
Este martes a las 18 se llevará adelante una audiencia pública en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña por el traspaso del Banco Nacional de Datos Genéticos, que actualmente funciona en el Hospital Durand, a una nueva dependencia del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación.
Entre otras cosas, se presentará un proyecto de resolución del legislador porteño del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Marcelo Ramal en el que se insta al Gobierno porteño a que disponga de las medidas necesarias para preservar la autonomía del Banco y la estabilidad del personal que trabaja en este organismo.
Asimismo, contempla el rechazo de las limitaciones incorporadas en los artículos 2 y 5 de la ley nacional 26.548, mediante las cuales “se reduce la competencia del Banco de Datos Genéticos al esclarecimiento de delitos cometidos antes del 10 de diciembre de 1983, excluyendo de su campo de intervención, por ejemplo, los casos de desaparición forzada de personas ocurridos con posterioridad a esa fecha, como son los de Julio López, Luciano Arruga y Marita Verón”.
También, Ramal afirma que con la mudanza, se quita la posibilidad de acceso a todas aquellas personas que investigan su filiación que no nacieron en la etapa fijada por ley, “quienes deben acudir a laboratorios privados para hacer efectivo su derecho a la identidad”.
El diputado de izquierda denunció que el traspaso “se produce en un contexto signado por sucesivos pactos entre los gobiernos de Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner, como los que contemplan la disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) a pedido del gobierno nacional”.
Según Ramal, esto está “en sintonía con las políticas de cooptación oficial en materia de derechos humanos que viene desarrollando el kirchnerismo con el propósito de construir una historia oficial que responda a intereses propios, ajenos a los que conforman el movimiento de los organismos de derechos humanos independientes”.
El documento fue elaborado, entre otros, por María Isabel “Chicha” de Mariani, Elsa Pavón y Mirta Baravalle, fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo junto a numerosos afectados, víctimas y familiares de niños apropiados bajo la dictadura militar, militantes, organismos de derechos humanos y por trabajadores del laboratorio.
El tema estuvo trabado en la Justicia hasta que el pasado 6 de junio la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avaló el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos a un edificio dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología, al considerar que “en nada se malograrían en principio el estado de las muestras, documentos y registros asentados en dicha institución”.
