La toma de tierras del barrio de Villa Lugano lleva más de tres meses. Primero la resolución del conflicto pasó por la Legislatura, luego se judicializó y quedó en manos de la Justicia. Deudas y promesas de urbanización.
Por Gonzalo Palese
A casi cuatro meses de la toma de tierras de un predio lindante a la villa 20, ubicada dentro del barrio porteño de Villa Lugano, la situación sigue exactamente igual desde el 24 de febrero: las familias, que no poseen vivienda propia, continúan asentadas y la Nación y la Ciudad se pasan la responsabilidad mutuamente.
En primera instancia, todo indicaba que la cuestión se iba a resolver dentro del ámbito legislativo y sería la Legislatura porteña la encargada de encontrar un camino que lleve a una solución del conflicto.
Mientras un sector de la oposición reclamaba una solución pacífica y nuevas viviendas para las familias que tomaron los terrenos, el Gobierno de la Ciudad no estaba dispuesto a garantizar hogares para los ocupantes porque entendía que estaban cometiendo una acción por fuera de la ley. Ante este escenario, el Pro decidió dejar que la Justicia actúe. Una vez que se dictó el desalojo, que finalmente no se concretó, la situación cambió considerablemente.
La Comisión de Vivienda comenzó a examinar el tema en el Parlamento de la Ciudad donde, entre varias propuestas, la oposición avanzó con la idea de formar una multisectorial de diálogo para evitar el desalojo e iniciar un proceso de urbanización.
Se proponía que trabajen en conjunto los legisladores de la Comisión de Vivienda, un representante del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, un representante de la Secretaría de Hábitat e Inclusión Social y otro del Ministerio de Desarrollo Social, la Defensoría, un representante de la vicaría de Curas Villeros, otro de la Pastoral Social y representantes del barrio.
El macrismo decidió no acompañar la iniciativa, ya que tenía previsto mantener reuniones con los delegados de la toma y de la Villa 20.
La Legislatura siguió buscando opciones para destrabar el conflicto pero esa posibilidad se agotó luego de la segunda reunión entre legisladores, el Defensor del Pueblo porteño y los representantes de las familias ubicadas en el terreno de la Avenida Cruz y su cruce con la calle Pola.
El 4 de abril, luego del segundo encuentro, la titular del bloque del Pro, Carmen Polledo, aseguró que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estaba a favor de una instancia de desalojo violento del terreno y que se iba a esperar el accionar judicial. “No queremos un desalojo por la fuerza, queremos encontrar una manera para llevar adelante las tareas que hay que hacer”, advirtió Polledo.
Por otra parte, sostuvo que “hay una enorme disposición del Ejecutivo de encontrar una salida que dé el primer puntapié inicial para resolver este problema”.
Entonces, el Pro informó que no avalaría un eventual desalojo violento en la zona y, también, se conoció que la Justicia porteña incluyó a los delegados en el expediente judicial. De esta manera, la resolución del conflicto pasó a tener más probabilidades dentro de la vía judicial y no de la legislativa.
La decisión acerca de urbanizar el predio o no, de qué manera hacerlo, y la determinación sobre cómo se haría el proceso de saneamiento de la tierra pasó a depender exclusivamente de la Justicia.
En el medio de todo eso, la polémica aumentó porque el terreno había sido usado antiguamente para alojar autos abandonados, por lo que esas tierras estaban contaminadas y era riesgoso que las familias se instalen en ese lugar.
Para destrabar ese problema se sugirieron dos caminos. Por un lado, el Gobierno de la Ciudad pedía que los ocupantes abandonen el terreno para así sanearlo y luego iniciar los trabajos de urbanización.
En cambio, algunos legisladores de la oposición, junto a los delegados de las familias, proponían una solución parcial y de carácter rotativo. Es decir, mientras se produce el saneamiento en un sector, los vecinos ocupan la otra parte del predio. El temor de las familias residía en que si se retiraban del lugar quizás luego no conseguirían hogar.
Una vez que el tema ingresó formalmente a la Justicia, la Legislatura se desentendió paulatinamente del asunto, aunque en la última sesión el Cuerpo aprobó un proyecto de resolución que obliga al Estado porteño a brindar detalles acerca de la construcción de viviendas, la urbanización y la situación ambiental. En rigor, la toma de Villa Lugano motivó dos acciones distintas desde el ámbito judicial. Por un lado, la jueza porteña Gabriela López Iñíguez investiga acerca de la usurpación del terreno”.
La primera figura es de competencia local y la segunda nacional por lo que fue necesario llamar a una audiencia pública para conocer quién debería investigar este tema.
Por otro lado, la jueza María Elena Liberatori tomó la causa en función del cumplimiento de la Ley N°1.770 y la Ley N° 2.054, ambas implican la urbanización de la Villa 20.
Pasaron los días, y como los ocupantes no aceptaron abandonar la zona y el desalojo no podía materializarse, la Justicia obligó a la Defensoría del Pueblo de la Capital Federal y al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) a realizar un censo para conocer en detalle la cantidad de personas que habitaban el barrio Papa Francisco.
La orden llegó por parte de la titular del Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario número 4 de la Ciudad de Buenos Aires, Elena Liberatori, quien lleva la causa por el saneamiento y la urbanización de la villa 20, un tema pendiente desde el año 2005.
Este trabajo se accionó gracias a la decisión de la magistrada, quien instó al Ejecutivo porteño a que releve a las familias que viven en el lugar, para garantizar que sean las beneficiarias del plan de urbanización.
De acuerdo con el relevamiento, unas 1.800 personas, 700 familias, se encuentran en el predio de más de diez hectáreas desde el 24 de febrero pasado, cuando en su mayoría habitantes de la villa 20, lindera con estos terrenos, decidieron ocuparlos ante la falta de viviendas.
“El censo es una obligación legal. Hay una ley que establece el proceso de urbanización integral del predio. La primer etapa consiste en censar a sus habitantes y luego se prosigue a la construcción de calles, cloacas y casas”, explicó el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, en esa oportunidad.
Amor hacía referencia a la Ley N° 1.770 que, desde el 2005, exige la urbanización de ese predio ubicado en la zona sur de la Ciudad. Además, existe otra ley, que data del año 1998, con la que se sancionó un sistema para urbanizar todas las villas de emergencia situadas en territorio porteño.
Falta de urbanización
En diálogo con Semanario Parlamentario, el legislador de Proyecto Sur y titular de la Comisión de Vivienda de la Legislatura, Javier Gentilini, consideró que “toda esta situación se genera porque no está urbanizada la Villa 20”.
“Lo central, sustancial y estructural es que hay una porción de habitantes de la Villa 20 que explotan producto de las condiciones de habitabilidad y el pago de alquiler y se lanzan a ocupar un predio. Esto se da porque no se cumplió con la ley que obliga a urbanizar”, explicó.
El diputado que integra el interbloque UNEN advirtió acerca de cuatro problemas “derivados de la existencia de la villa y de la no urbanización de la misma”. Según Gentilini, se generaron condiciones de habitabilidad precarias para la gente; espacios propicios para que “se generen ilícitos como el narcotráfico y la renta inmobiliaria informal” y “un cuarto problema que es la pérdida del control territorial del Estado municipal y nacional”.
“Si tuviésemos urbanizadas las villas no tuviésemos este problema, esto tiene que quedar claro”, advirtió.
Actualmente, en el barrio Papa Francisco, gracias a la gestión de un Comité de Crisis, se está atravesando la etapa de censo que, si bien ya se inició, y arrojó una serie de resultados provisorios, aún falta que los mismos sean comprobados y se estima que para fin de mes ya se contará con la información definitiva.
Tod avía, las tres fases de trabajo que deben realizarse están en proceso. El censo, la remediación del suelo y las tareas de urbanización tienen que complementarse para encontrar una salida consensuada entre la justicia, la Legislatura y los vecinos en pos de avanzar en la solución de este conflicto.
“Vamos por el camino correcto, un camino lento pero es el correcto”, cerró el presidente de la Comisión de Vivienda.
Desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no aceptan la ocupación de las tierras de manera ilegal y apuestan por la judicialización. No obstante, hay miembros del bloque del Pro que dan por sentado que el conflicto no se va resolver de manera fácil debido a dos cuestiones: la falta de diálogo del Gobierno nacional y de la Ciudad para subsanar este problema y porque no se procederá a un desalojo.
