Hay temáticas que por estar estrechamente ligadas a la defensa de los intereses nacionales requieren y posibilitan amplios acuerdos interpartidarios. Derechos humanos, integración regional y, en especial, la cuestión Malvinas han constituido campos en los que las barreras entre oficialismo y oposición se han desdibujado en favor de acuerdos y coincidencias muchas veces generalizadas y en otras claramente mayoritarias. La política de reafirmación del derecho soberano de la Argentina en materia de reestructuración de su deuda pública y de rechazo a las pretensiones ilegales, injustas y exorbitantes de los fondos buitre va alcanzando el carácter de política de Estado. Es extremadamente positivo que así sea pues se trata de una temática en la que se juega el interés del Estado argentino y del pueblo que este representa.

Durante la semana pasada una delegación de diputados y senadores nacionales representativa de una amplísima mayoría (cercana a la unanimidad) del Congreso Nacional ha protagonizado en Washington una misión política de difusión y clarificación de nuestra posición respecto del juicio de los holdouts contra la Argentina, que se encuentra esperando una definición crucial en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La agenda desarrollada, que contó con la asistencia de la Embajadora argentina en Estados Unidos Cecilia Nahón y del representante argentino ante el F.M.I. Sergio Chodos, posibilitó el contacto con funcionarios del Departamento de Estado, con influyentes congresistas demócratas y republicanos, con autoridades del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo, y con representantes de instituciones sociales y religiosas que se oponen a la acción de los fondos buitre por considerarlas especulativas, usurarias y profundizadoras de la enorme desigualdad existente entre los países desarrollados, los emergentes y los pobres. En todos los encuentros mantenidos fue evidente el reconocimiento de nuestros interlocutores hacia el perfil multipartidario de la delegación y al alto valor dado a su carácter parlamentario y por tanto representativo de los intereses del pueblo argentino. Del mismo modo resultó evidente la alta ponderación que genera el hecho de que la Argentina haya reestructurado su deuda y cumplido los pagos comprometidos sin afectar las posibilidades de desarrollo económico y social del país, alcanzado recientemente un acuerdo con el Club de París, convenido el fin de litigio con Repsol por la expropiación del cincuenta y un por ciento de las acciones de YPF y resuelto las causas existentes en el CIADI. Esos logros denotan que la versión difundida por los fondos buitre sobre el carácter de “incumplidor serial” atribuida a nuestro país carece de fundamentos y está solamente marcada por sus propios intereses usurarios.

Decimos que la pretensión buitre es ilegal, injusta y exorbitante. La ilegalidad la denota el desajuste de la pretensión con las reglas universalmente aceptadas respecto de los criterios exigidos en la reestructuración de deudas soberanas. La interpretación de la cláusula pari passu adoptada por el Juez Griessa y por la Corte de apelaciones de Nueva York ha recibido durísimas críticas en Argentina y en el mundo, y amenaza con tornar en inviables reestructuraciones de deuda en el futuro. En el trámite de la causa en los tribunales neoyorquinos el Departamento de Justicia de EEUU, a través del fiscal General, Donald Varrilli, presentó ya dos “amicus curiae” (amigos de la Corte) apoyando la posición de Argentina, en las que hacen foco en que las decisiones del juez Thomas Griesa violan la Ley de Inmunidad Soberana de los Estados Unidos.

Se trata también de una pretensión injusta. Intenta poner en condiciones de superioridad a los holdouts frente a los acreedores que en, absoluta mayoría, aceptaron las condiciones de pago propuestas por la Argentina en un porcentaje superior al 96 por ciento.

La exorbitancia de la pretensión buitre la revela la consideración de las ganancias que pretenden obtener si prospera la demanda contra la Argentina: mil quinientos por ciento de ganancia teniendo en cuenta el valor depreciado al que obtuvieron los bonos. Si no prospera la demanda y se acogen a la propuesta de nuestro país obtendrían una nada despreciable ganancia del quinientos por ciento, la que sería fruto de la compra a valores depreciados de los bonos que hoy detentan.

El próximo lunes sabremos si la Corte de Estados Unidos acepta el análisis del caso, consulta al Ejecutivo estadounidense a través del Procurador General, posterga su decisión o deniega el pedido argentino. En los tres primeros casos será de enorme importancia la continuidad de la acción anti-lobbies buitres que mantenga a futuro nuestro gobierno y nuestro Congreso Nacional. La unidad de la política argentina frente a los buitres será de enorme valor para el futuro económico y financiero de nuestro país, y por tanto, para el bienestar de las presentes y futuras generaciones de argentinos.