El diputado nacional Bernardo Biella (Udeso-UCR) presentó un proyecto en el que solicita que el Juzgado Federal de San Ramón de la Nueva Orán (Salta), funcione con tres secretarías, una para lo Civil, Comercial y Administrativo y dos para lo Penal y del Trabajo, con “el objetivo de dotar de eficacia a la administración de justicia en el norte de nuestro país”.

El legislador comentó que este Juzgado Federal creado en 1984 y puesto en funcionamiento en 2004, comprende toda una zona de influencia en los departamentos de Orán, Santa Victoria e Iruya (y hasta tanto se habilite el Juzgado Federal de Tartagal creado por la Ley 26.707, también comprende a los departamentos de Rivadavia y San Martín), zona en la que se destaca la comisión de delitos federales, como los relacionados con el narcotráfico y que son producto de la cercanía de la jurisdicción con la llamada “frontera caliente”.

Biella indicó que “la multiplicación de las causas por tráfico de drogas ha generado una actividad punitiva y judicial excesiva, a la que la estructura del juzgado existente no alcanza a sostener con sus recursos”.

El diputado radical destacó el narcotráfico “como el principal motivo para agregarle una secretaría penal al juzgado”, pero aseguró que existen “otros delitos que han proliferado y que también justifican su creación, como el contrabando de automotores, el ingreso clandestino de personas que conlleva la falsificación de documentos de identidad”.

Finalmente, Biella recordó que no tuvo éxito su pedido de que se dote de personal al Juzgado Federal de Orán. “El juzgado está colapsado por el exceso de trabajo y expedientes que no pueden ser despachados en tiempo y forma, lo que afecta la administración de Justicia. Esta situación de carencia de recursos se agudiza por la falta de lugares de detención para los procesados y condenados, presentándose un cuadro inadecuado para enfrentar el grave flagelo del narcotráfico. Por eso creemos que se debe generar una estructura mayor para este juzgado, mediante la creación de una secretaría penal y del trabajo, el norte de nuestro país necesita de mayores recursos judiciales para combatir el narcotráfico”, explicó.