La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, propone la creación de un régimen para el fomento del empleo y asistencia a víctimas del delito de trata de personas, en el marco de una serie de medidas anunciadas por el gobernador Daniel Scioli.
El gobierno bonaerense envió a la Legislatura un proyecto de ley mediante el cual se propicia la creación de un régimen para el fomento del empleo y asistencia a víctimas del delito de trata de personas, en el marco de una serie de medidas anunciadas por el gobernador Daniel Scioli, se informó oficialmente.
Concretamente, aquellos empleadores que contraten a quienes hayan sido víctimas de trata, podrán imputar el 50% de las remuneraciones que perciban esas personas, como pago a cuenta del impuesto a los Ingresos Brutos. Este beneficio deberá contar con la autorización del damnificado, y proteger la confidencialidad de la información.
El proyecto contempla la modificación del artículo 208 de la Ley 10.397 (Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires) que oportunamente fuera modificada cuando se creó el cupo laboral para personas con capacidades diferentes (Ley 10.592) y para liberados del sistema penitenciario (Ley 14.301).
El ministro de Justicia provincial, Ricardo Casal, explicó que “esta es una Ley donde el Estado promueve, reconoce y procura un espacio de trabajo para las víctimas de trata. Sabemos que muchas personas que han sido sometidas a este delito, recuperadas, no tienen herramientas para insertarse, ya sea por un prejuicio social o por falta de habilidades a consecuencia de su sometimiento. Con esto lo que se busca es capacitación, formación e inserción en los ámbitos laborales”.
A continuación, parlamentario.com publica el proyecto:
Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley que se adjunta para su sanción, a través del cual se propicia la creación de un régimen para el fomento del empleo y asistencia a víctimas del delito de trata de personas.
La Constitución Nacional, por sus artículos 31 y 75 inciso 22 otorga carácter de Ley Suprema de la Nación y jerarquía constitucional a los tratados, convenciones y declaraciones sobre derechos humanos a los que se haya adherido, encontrándose las autoridades provinciales obligadas a conformarse a ella, entre los que se encuentran Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la Pornografía; la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer Belem do Para.
La Ley Nacional N° 26.364 implementó en el orden nacional un conjunto de medidas orientadas a prevenir y penalizar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas. El entonces Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, por Resolución Nº 2149/08 creó la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, destinada a centralizar toda actividad referida a la prevención e investigación del mencionado delito, como así también el acompañamiento y asistencia jurídica a las personas afectadas.
En ese marco, el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires creó, mediante Decreto N° 978/10, la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación de la Trata de Personas y recientemente, el entonces Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, por Resolución Nº 2278/12 creó el Programa de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata.
Asimismo la Legislatura ha sancionado la Ley N° 14.453 para la Adopción de medidas de prevención, protección y asistencia necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de las víctimas y posibles víctimas de trata de personas y la Ley N° 14.473 de Creación del Sistema de Refugios para Víctimas de Trata de Personas con fines de explotación.
La trata de personas es la forma que adquirió la esclavitud en el siglo XXI. La globalización, las facilidades del transporte, el incremento de la comercialización y las diferencias en los grados de desarrollo económico y social entre países y regiones, entre otros factores, actúan facilitando su crecimiento. Ocupa el tercer lugar dentro de los negocios ilegales, después del tráfico de armas y drogas. Como ellos, se asocia con clara frecuencia al crimen organizado.
Su ejecución consiste en la violación sistemática y masiva de los derechos humanos sobre una misma persona. La asociación automática de la idea de trata de personas con la explotación sexual invisibiliza en la opinión pública otras formas también graves de sometimiento de personas, desde el encierro en talleres en condiciones de vida miserables, la servidumbre doméstica, la mendicidad esclava, así como otras modalidades de violación de la dignidad humana.
Existen reacciones legislativas amplias en relación a la problemática, consagradas en una multitud de cuerpos normativos multilaterales, nacionales y aún provinciales. Sin embargo, la trata de personas no ha dejado de crecer, lo que evidencia la necesidad de agregar acciones y mecanismos para una más eficiente prevención y represión del delito, así como para una mayor protección y asistencia a los damnificados.
Es importante destacar que sin vulnerabilidad, no hay trata. Los operadores judiciales, miembros de las fuerzas de seguridad y de los cuerpos de asistencia de víctimas de trata, relatan con desazón que muchas de las víctimas resultan revictimizadas cuando son devueltas al medio libre en las mismas o peores condiciones de vulnerabilidad que cuando fueron victimizadas por primera vez. Entre las vulnerabilidades más notorias se encuentran una deficiente educación y una limitada experiencia laboral, que determinan una baja empleabilidad.
Es necesario en consecuencia duplicar el esfuerzo, impulsando en el sector gubernamental la consolidación normativa señalada, pero sumando también el concurso de la sociedad civil a través de la sensibilización de los medios de comunicación y la opinión pública.
El presente proyecto no se presenta como un abordaje holístico de este delito. Tiene en cambio un objetivo específico y limitado, pero a la vez operativo, en la creación de instrumentos que permitan a la sociedad civil y al sector privado participar en la superación de las vulnerabilidades que llevan a la revictimización de las personas damnificadas por el delito de trata y a trabajar más abiertamente en la prevención.
Este proyecto propone estímulos que favorezcan el empleo registrado privado de las personas damnificadas por el delito de trata.
Se sigue aquí el mismo espíritu que inspiró a otras leyes provinciales orientadas al tratamiento de vulnerabilidades, tales como la Ley N° 10.592 para la discapacidad, y la Ley N° 14.301 para liberados: una exención en el impuesto a los ingresos brutos para empleadores de las personas comprendidas en la ley.
A diferencia de esas leyes, no se plantea aquí un cupo de reserva de empleo en el sector público, por cuanto las mismas condiciones de vulnerabilidad que caracterizan a las víctimas de trata harían probablemente abstracta esa disposición frente a los actuales requisitos de ingreso al empleo público provincial.
Tampoco se prevé utilizar el número de contratados por cada empresa como ventaja en licitaciones y compras del estado, por el nivel de divulgación de información sensible que podría requerir cada caso.
Crear beneficios para la rehabilitación de las víctimas tiene el carácter indemnizatorio aconsejado por los convenios multilaterales y la legislación local, pero además indica a la comunidad otras vías en las que ella misma puede intervenir. Un aspecto importante es que los empleadores no pueden recibir los beneficios del régimen si el damnificado no lo solicita. Y que decidido el beneficio por éste, los trámites no revelarán en ningún caso la intimidad y privacidad.
Cuando el Protocolo de Palermo desarrolla los principios de asistencia y protección a las víctimas de trata, en el inciso 3 del artículo 6°, dice que “cada Estado Parte considerará la posibilidad de aplicar medidas destinadas a prever la recuperación física, sicológica y social de las víctimas de la trata de personas, incluso, cuando proceda, en cooperación con organizaciones no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y demás sectores de la sociedad civil, y en particular mediante el suministro de: a) Alojamiento adecuado; b) Asesoramiento e información, en particular con respecto a sus derechos jurídicos, en un idioma que las víctimas de la trata de personas puedan comprender; c) Asistencia médica, sicológica y material; y d) Oportunidades de empleo, educación y capacitación”.
En cuanto a la sustentabilidad, se estima que frente a las posibilidades humanitarias que crea, el esfuerzo fiscal será irrelevante. Tanto más en cuanto se considere que no resolver esta problemática tiene costos sociales y fiscales que se plantean en términos de gastos de seguridad, salud, asistencia social, etc.
A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita de ese Honorable Cuerpo la pronta sanción del proyecto adjunto.
Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.
MENSAJE Nº
EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONAN CON FUERZA DE LEY
ARTÍCULO 1º. Modifícase el Artículo 208, CAPÍTULO IV EXENCIONES, de la Ley Nº 10.397 (T.O. Resolución 39/11 del Ministerio de Economía) y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 208: Los empleadores de personas con capacidades diferentes, quienes revisten en la categoría de tutelados o liberados según artículo 161 de la Ley Nº 12.256, y aquellas personas declaradas judicialmente víctimas del delito de trata de personas según la Ley Nacional Nº 26.364 o sus delitos conexos, podrán imputar, en la forma y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, el equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las remuneraciones nominales que éstas perciban, como pago a cuenta del impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Para el otorgamiento de este beneficio, en el caso de contribuyentes empleadores de víctimas del delito de trata de personas o delitos conexos, se deberá contar con la autorización de la persona damnificada, protegiéndose la intimidad y confidencialidad de la información.
Dichas deducciones se efectuarán en oportunidad de practicarse las liquidaciones de acuerdo a lo establecido en el capítulo asignado a la Determinación, Liquidación y Pago.
En ningún caso, el monto a deducir sobrepasará el impuesto determinado para el período que se liquida, ni tampoco originará saldos a favor del contribuyente.
Este artículo no resulta aplicable cuando la persona empleada realice trabajos a domicilio”.
ARTÍCULO 2º. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
