Quebracho y Encuentro Memoria, Verdad y Justicia se pronunciaron contra los proyectos presentados y advirtieron sobre un proceso de “criminalización” de la protesta. Aval a la amnistía para procesados, imputados y condenados.
Los proyectos para “regular” la protesta social volvieron a recibir críticas de organizaciones sociales durante una nueva reunión de debate organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, a cargo de la kirchnerista Diana Conti.
En esta ocasión expusieron Facundo Escobar (Quebracho) y Nicolás Tauber (Encuentro Memoria, Verdad, Justicia), ambos muy críticos de las iniciativas presentados desde todo el arco político. Sin embargo, los activistas se manifestaron a favor de la amnistía a procesados, imputados y condenados por participar de protestas sociales, propuesta por un grupo multipartidario de legisladores.
“La persecución y la criminalización de la protesta social existe”, aseguró Escobar y apuntó principalmente contra la “corporación judicial”. A su juicio, se trata de un ir “contra un proceso histórico de lucha y no contra una organización en particular”.
El militante también aseguró que existe un proceso de “estigmatización muy fuerte contra los manifestantes populares” y de “deslegitimación de la protesta”, alentada por jueces y medios de comunicación.
En este sentido, se quejó por los presuntos “delitos que no generaron el mismo escándalo”, entre los que nombró la voladura de la fábrica militar de Río Tercero que salpica al expresidente Carlos Menem, el caso de las coimas en el Senado que involucró al expresidente Fernando De la Rúa, el megacanje de Domingo Cavallo, los juicios contra María Julia Alzogaray y el rol del Jorge Sobisch en el asesinato del maestro Carlos Fuentealba.
En tanto, Nicolás Tauber aseguró que la “criminalización es una estrategia política para presentar la protesta como un delito: causas penales, desafueros, despidos, sumarios, a veces articulados con represión directa”.
Asimismo, el representante de Encuentro Memoria, Verdad, Justicia subrayó que entre 2003 y 2014 hubo 29 asesinados por participar de protestas sociales: las víctimas de la represión de diciembre de 2001, miembros de la comunidad aborigen Qom, el militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra y el campesino Christian Ferrerya en Santiago del Estero, entre otros.
Según dijo, el objetivo de la criminalización de la protesta social es “frenar el conflicto, esconder la represión con un expediente judicial, deslegitimarla y despolitizar”.
