En el marco del fallo del juez subrogante en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Darío Reynoso, quien ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a que brinde información sobre “la ubicación física” de las cámaras de vídeo vigilancia privadas incorporadas a la red pública, el diputado del Pro Daniel Presti destacó que la revelación de la ubicación de las cámaras de video “sería colaborar con futuros delitos”.

Para el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura porteña, “revelar donde están las cámaras públicas hace a la inseguridad, y que ello sería colaborar con futuros delitos, ya que brindar información acerca de los sitios que son video-vigilados permite, indirectamente dejar al descubierto los lugares que no cuentan con éstos dispositivos”.

El pasado 9 de junio, Reynoso dictó sentencia ordenándole al Gobierno porteño a que brinde en 30 días “la información sobre la ubicación física de las cámaras de vídeo vigilancia privadas incorporadas a la red pública”. El magistrado consideró, además, que los vecinos deben tener acceso, por medio de la web oficial del Gobierno, a las zonas en donde se hallan colocado cámaras.

Presti aclaró que el plazo de 30 días que dictaminó el juez, “es únicamente a los efectos de informar la ubicación de los dispositivos de establecimientos privados incorporados a la red pública”.

Según fuentes oficiales pertenecientes al Gobierno de la Ciudad, sólo se contaría con diez de éste tipo de cámaras.