Con el fin de contribuir a la conservación y preservación del medio ambiente, el diputado por el GEN-FAP Juan Cocino presentó un proyecto de ley a través del cual “se procura obligar a las distintas áreas de la administración pública provincial a la utilización de hojas de tamaño denominadas A4 (21 cm x 29 cm) y de menor gramaje para impresiones, y priorizar la adquisición de papel fabricado a partir de procesos con bajo contenido de cloro; los que provengan de fibras alternativas no madereras, o el que se fabrica a base de reciclados”.

En los fundamentos de su iniciativa, que ya cuenta con estado parlamentario, el legislador platense advirtió que “la industria papelera y de celulosa ocupa el quinto lugar del sector industrial en consumo mundial de energía y utiliza más agua por cada tonelada producida que cualquier otra industria, a ello hay que sumar que la industria papelera se encuentra entre los mayores generadores de contaminantes de aire y del agua”.

“Debemos decir que los bosques no son los únicos beneficiados si encaramos buenas prácticas para su utilización -añadió Cocino-, ya que también estaremos beneficiando a la calidad de nuestro aire y nuestras aguas derivando en una mejora de nuestra calidad de vida”.

Se desprende del informe que acompaña al proyecto que la producción de papel tiene consecuencias muy negativas para el medio ambiente, debido al consumo de recursos naturales como árboles, agua y energía, y a la contaminación causada por los blanqueadores del cloro o derivados, que generan residuos organocloradosecotóxicos y bioacumulables. Existe en el mercado una gran diversidad de papel cuyos impactos varían según la procedencia de la pasta de papel y el proceso del blanqueado.

“Desde la Administración pública provincial (el proyecto también faculta a los municipio a adherir a la norma) – sostuvo Cocino -, es oportuno dar un paso importante en el manejo responsable y ambientalmente sustentable en el consumo y recuperación del papel o cartón cuando se transforma en residuo, dentro de los lineamientos establecidos en la Ley 13592 de GIRSU, evitando no solo el consumo superfluo del papel en las oficinas, sino también cambiar la metodología en la compra, ello seguramente podría representar un eslabón en una cadena de manejo ambiental responsable en la administración pública, y que podría habilitar una serie de medidas que pudieran adoptar los funcionarios en pos de un manejo responsable de los recursos, tales como el utilizar la computadora para la lectura de documentos; para realizar las correcciones ortográficas y gramaticales desde la pantalla de la computadora, y utilizarlas como sustituto del papel en las comunicaciones y envíos de documentos, entre alguna de las medidas”, finalizó.