El proyecto del Ejecutivo fue defendido por el titular de la Anses, Diego Bossio, quien destacó que el nuevo plan de facilidades para que los autónomos puedan jubilarse “beneficiará a “473 mil nuevos argentinos”. El Senado le daría media sanción la semana próxima.
Sin dificultades y con apoyo de la oposición, el Frente para la Victoria en el Senado logró firmar el dictamen favorable sobre el proyecto que establece una nueva moratoria para jubilados, que sería tratado en el recinto la semana próxima.
La iniciativa contó con el respaldo de la UCR, el peronismo disidente y el Movimiento Popular Neuquino, y fue defendida por el titular de la Anses, Diego Bossio, en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto.
Al abrir su exposición, Bossio explicó que la intención del Gobierno es “extender el Plan de Inclusión Jubilatoria tratado en 2004 en el Congreso” e implementado a partir de 2005, que permitió regularizar los 30 años de aportes a “casi uno de cada cinco argentinos” que “no se hubiesen podido jubilar sin la moratoria”.
El funcionario explicó que la nueva moratoria, que regirá hasta 2003, obedece a “las altas tasas de informalidad y los altos niveles de desempleo” registrados entre 1993 y ese año, lo cual “impactó en el sistema de seguridad social”.
También aclaró que “no es lo mismo jubilarse con o sin moratoria”, ya que el ingreso promedio de un jubilado con moratoria es de “2.974 pesos”, mientras que un jubilado sin moratoria cobra “5.204 pesos”. A su vez, agregó que “el 73 por ciento de los nuevos jubilados son mujeres”, con lo cual se trata de una “política de género”.
Bossio señaló que el proyecto consiste en un plan de facilidades que le permite a los autónomos regularizar sus aportes en 60 cuotas, que estarán atadas a la movilidad jubilatoria, y anticipó que la ley beneficiará a “473 mil nuevos argentinos”.
Apuntó que la nueva moratoria tendrá “un impacto en el consumo, un impacto distributivo y un incremento en la recaudación tributaria”, bajo el objetivo de “llegar al cien por ciento de la cobertura” previsional.
Para acceder a este plan de facilidades, indicó, habrá que “realizar un trámite previo en la Anses que tiene que ver con la situación patrimonial”, y habrá que estar inscripto en la AFIP, aunque rechazó que quienes accedieron a la primera moratoria sean “jubilados truchos”.
Sobre por qué se incluyó sólo autónomos, argumentó que la intención es que “la moratoria sea gratis”, es decir, que quienes quieran acceder no deban contratar a un gestor para jubilarse. No obstante, aclaró que los trabajadores en relación de dependencia y las empleadas domésticas también podrán jubilarse por este medio, siempre y cuando se registren primero como autónomos.
Los senadores Liliana Negre (peronismo opositor), Alfredo Martínez (UCR) y Guillermo Pereyra (MPN) manifestaron su apoyo a la iniciativa del Ejecutivo, que será debatida por el pleno en la próxima sesión.
El proyecto
El proyecto, que consta de 13 artículos, implementa la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional, dándole continuidad a la moratoria impulsada por el expresidente Néstor Kirchner en 2005.
La norma está destinada a los autónomos y monotributistas que, habiendo cumplido la edad jubilatoria -o cumpliéndola en los dos años de vigencia de esta norma-, tengan que regularizar aportes hasta diciembre del año 2003, ya que el plan anterior regía hasta 1993.
Según explicó la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, esta nueva moratoria permitirá “la universalización” del sistema y beneficiará a más de 470 mil personas que hoy están afuera por no contar con los 30 años de aportes.
El proyecto precisa que la última moratoria incluyó a “2.701.933 adultos mayores” y que “elevó un 30 por ciento la tasa de cobertura previsional en pocos años”, pasando del 63,6 por ciento en 2002 al 93,8 por ciento en 2013.
Asimismo, establece que “el plan de pagos es abonable hasta en 60 cuotas, que se actualizarán por movilidad jubilatoria con el fin de mantener el porcentaje de pago mensual con relación al haber mensual evitar el desfinanciamiento”.
La prestación, a su vez, es incompatible con “una prestación previsional contributiva de cualquier nivel de gobierno o pensión no contributiva o plan social, salvo que se trate de una prestación previsional mínima”.
De sancionarse este proyecto, “nuestro país tendrá una importante herramienta legal adicional para lograr el objetivo de tender a la cobertura universal de la población en edad jubilatoria”, dice el texto en los fundamentos.
