El 4 de abril de 1982 Alejandro Olmos, dirigente nacionalista tucumano ya fallecido, formuló una denuncia penal contra José Alfredo Antonio Martínez de Hoz, ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal[i], fundando la misma en el hecho de que el plan económico concebido y ejecutado por dicho funcionario en el período 1976/1981, se llevó a cabo con el objeto de producir un “incalificable endeudamiento externo”, que el ingreso de divisas fue con el objeto de negociar con las tasas de interés, produciendo quiebras y cierres de empresas y dificultades en la capacidad exportadora, de producción y crecimiento del país. En el mismo expediente se acumularon otras denuncias contra funcionarios de la última dictadura que intervinieron en el manejo de la deuda externa argentina, como así también en el endeudamiento externo de las Empresas del Estado en general y de YPF S.E. en particular.

El magistrado interviniente, luego de un larguísimo trámite de más de 18 años, pudo establecer que: “Ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos períodos analizados. Así también se comportaron directivos y gerentes de determinadas empresas y organismos públicos y privados; no se tuvo reparos en incumplir la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; se facilitó y promulgó la modificación de instrumentos legales a fin de prorrogar a favor de jueces extranjeros la jurisdicción de los tribunales nacionales; inexistentes resultaban los registros contables de la deuda externa; las empresas públicas, con el objeto de sostener una política económica, eran obligadas a endeudarse para obtener divisas que quedaban en el Banco Central, para luego ser volcadas al mercado de cambios; se ha advertido también la falta de control sobre la deuda contraída con avales del Estado por la empresas del Estado. Todo ello se advirtió en no menos de cuatrocientos setenta y siete oportunidades, número mínimo de hechos que surge de sumar cuatrocientos veintitrés préstamos externos concertados por YPF, treinta y cuatro operaciones concertadas en forma irregular al inicio de la gestión y veinte operaciones avaladas por el Tesoro Nacional que no fueron satisfechas a su vencimiento. A ellos deben agregarse los préstamos tomados a través del resto de las Empresas del Estado y sus organismos, así como el endeudamiento del sector privado que se hizo público a través del régimen del seguro de cambio.

Empresas de significativa importancia y bancos privados endeudados con el exterior, socializando costos, comprometieron todavía más los fondos públicos con el servicio de la deuda externa a través de la instrumentación del régimen de seguros de cambio… El archivo de la presente causa no debe resultar impedimento para que los miembros del Honorable Congreso de la Nación evalúen las consecuencias a las que se han arribado en las actuaciones labradas en este Tribunal para determinar la eventual responsabilidad política que pudiera corresponder a cada una de los actores en los sucesos que provocaran el fenomenal endeudamiento externo argentino. Es por estas razones que remitiré copia de la presente resolución al Honorable Congreso de la Nación para que, a través de las comisiones respectivas, adopte las medidas que estime conducentes para la mejor solución en la negociación de la deuda externa de nación que, reitero, ha resultado groseramente incrementada a partir del año 1976 mediante la instrumentación de una política-económica vulgar y agraviante que puso de rodillas el país a través de los diversos métodos utilizados, que ya fueran explicados a lo largo de esta resolución, y que tendían, entre otras cosas, a beneficiar y sostener empresas y negocios privados -nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual, inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones de las mismas”.

Analizar el contenido de esta decisión judicial es una tarea tan ardua como necesaria para todos los argentinos. Entiendo que las conclusiones del juez de la causa son perfectamente aplicables no solo a los funcionarios de la última dictadura militar sino también a todos los que han tenido a cargo la cuestión, con una sola muy honrosa e histórica excepción de la que me ocuparé a continuación.

Desde 1853 nuestra Constitución Nacional establece, con meridiana claridad, que lo referente al pago de la deuda externa es atribución exclusiva del Congreso de la Nación (arts. 67, inc. 6, del texto original y 75, inc. 7, del reformado en 1994). Esto es así desde los albores de nuestra institucionalidad, desde 1853, desde siempre, sin embargo, pese a sus más de 160 años de vigencia, sólo un Presidente de la Nación, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, se “atrevió” a cumplir con lo prescripto por la Carta Magna y dispuso en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, un glorioso 23 de diciembre de 2001, entre otras medidas que el momento de profunda crisis social y económica aconsejaba: “En primer lugar anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto no significa el repudio de la deuda externa. Esto no significa una actitud fundamentalista. Muy por el contrario, se trata del primer acto de gobierno que tiene carácter racional para darle al tema de la deuda externa el tratamiento correcto. Nuestro gobierno abre las puertas a este Congreso para tomar conocimiento de todos los expedientes y los actos administrativos que estén vinculados con la deuda externa argentina, incluido este período gubernamental. ¡La transparencia se hace, no se proclama!”.

La sabia medida adoptada por Rodríguez Saá, propia de un estadista cabal, ha sido vilipendiada, desnaturalizada, ninguneada –como se dice ahora- por los “gerentes de la usura internacional” y sus bien rentados “cipayos” locales, incluso pudo haber sido la causa principal del soterrado “Golpe de Estado” que llevó a su dimisión. Pero la razón siempre triunfa, antes o después. Hoy, los técnicos más respetados en la materia admiten que en ese momento era una decisión absolutamente correcta.

Afortunadamente, los argentinos tenemos ante nosotros una nueva oportunidad, el Dr. Adolfo Rodríguez Saá, ese valiente y valioso dirigente justicialista, hombre de Estado de relevancia continental, con nuestro apoyo, puede convertirse en 2015 en el Presidente que la Argentina necesita, para que superemos el atraso y el desgobierno y pasemos a disfrutar del país con el que nuestros antepasados soñaron y forjaron.