En el país hay 4.500.000 de hogares que usan el gas licuado de petróleo (GLP), comúnmente conocido como gas en garrafas, de acuerdo al censo del año 2010. Ochocientos mil hogares más que en el año 2001.

Tampoco tienen gas natural distribuido por redes el 60% de las familias que viven en piezas de inquilinatos, y el 66% de las familias que viven en ranchos o casillas.

Otro 25% directamente utiliza leña, carbón, o energía eléctrica.

En la Ciudad de Buenos Aires 80 mil familias tampoco tienen gas natural. Lo mismo sucede en el Gran Buenos Aires, donde 960 mil hogares tienen que recurrir a las garrafas. Es decir, 1 de cada 3 familias del conurbano cocina o calefacciona la vivienda con (G.L.P.) es decir, gas en garrafas.

En toda la Provincia de Buenos Aires, donde hay 4 millones 800 mil hogares, 1 millón 543 mil, usan garrafas.

Las provincias de Chaco, Misiones, Corrientes y Formosa no tienen gas natural. En Córdoba el 41% de los hogares usa garrafa; en Santa Fe el 45%; en San Luis el 40%; en Jujuy supera el 50%, y en Catamarca el 68%.

En cambio, en Santa Cruz el 95% de los hogares tienen gas natural, seguida por la Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Pampa y Neuquén.

Cuando en la sesión del 1° de diciembre del año 2004, se discutió en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, un proyecto de ley estableciendo un marco regulatorio del Gas Licuado de Petróleo, en el discurso que pronuncié fijando la posición de la bancada socialista, entre otras muchas consideraciones expresé lo siguiente: “…si el legislador puede calificar la actividad como servicio público, ¿por qué la comisión opta por considerarla de interés público? Esta no es una mera diferencia semántica de alguien muy apegado al idioma: es una diferencia conceptual. Al optar por la calificación de interés público en lugar de servicio público estamos concediendo a las petroleras el derecho a fijar los precios. Si se tratara de un servicio público, serían tarifas reguladas por el estado, como ocurre con el gas natural, la energía eléctrica y demás servicios. Como ya se ha dicho, el gas natural lo disfrutan los sectores sociales que tienen la suerte de que por sus domicilios pasen las redes. Pero en el caso de los sectores y provincias más pobres, donde ni el Estado ni los privados hicieron las inversiones para extender las redes de gas natural, son los que deben abastecerse con tubos, o garrafas, la actividad es declarada de interés público. Aquí las petroleras presionando sobre el ánimo de los legisladores, porque nadie nos coarta la posibilidad y la libertad de declarar hoy a toda la actividad como servicio público…”.

“…Por qué la comisión opta por la paridad de exportación en las tarifas de gas licuado? ¿Por qué los precios internacionales? ¿Qué tiene que ver si el gas lo extraemos en la República Argentina? ¿Por qué esta paridad de exportación para ver cuál es el valor del gas licuado de petróleo en los mercados internacionales? Ese sería el caso si estuviéramos importando el gas; pero el gas que extraemos de las entrañas del suelo argentino, y es explotado por empresas que pagan a los trabajadores argentinos salarios de acuerdo con la crisis argentina, lo consumen los sectores más pobres de la sociedad argentina”.

Lamentablemente, se perdió en ese debate una magnífica oportunidad para avanzar en el camino correcto.

Plan garrafas para todos

En el año 2008, la Secretaría de Energía de la Nación, implementó el “Plan Garrafas para Todos”, que consistía en vender la garrafa de 10 kg. a $ 16; la de 12 kg. a $ 20; y la de 15 kg. a $ 25. Ese plan continúa aún vigente.

Pero el problema que lo hace inviable para la mayoría de los usuarios, consiste en que la garrafa hay que ir a buscarla a los “puntos de venta al mostrador”, y llevarla con los propios medios al domicilio. En la mayoría de los casos el recorrido es de muchos kilómetros, que se debe hacer a píe, o en bicicleta, con todos los esfuerzos, dificultades e inconvenientes que ello significa.

Si el usuario solicita la garrafa a su domicilio, la de 10 kg. puede llegar a costar entre 40 a 50 pesos. Hay lugares en que una garrafa de 45 kg. la venden a $ 500.-. Es decir, los sectores sociales más pobres terminan pagando el m3. de gas en garrafas, 7 veces más caro, que los que tienen gas natural por redes. Además, desde hace 12 años, el gas natural estuvo subsidiado por el Estado. ¿Por qué razón el gas natural es considerado servicio público, y en consecuencia el Estado fija el valor de las tarifas, y en cambio, el gas licuado de petróleo al no ser considerado servicio público el valor del mismo, lo fijan las empresas?

No hay ninguna razón valedera. Las empresas petroleras actúan con total libertad e impunidad, abusando de su posición dominante en el mercado, fijando precios abusivos, con los sectores sociales y provincias en general más pobres del país. Encima tienen que tributar el 10,5% en concepto de IVA.