Al igual que el macrismo, que viene insistiendo hace años con una iniciativa similar, la coalición de centroizquierda redactó un proyecto de Evaluación Integral de la Educación.
Los legisladores porteños de UNEN presentaron un proyecto de ley de Evaluación Integral de la Educación que tiene como objetivo garantizar el derecho social a la educación y la mejora continua de su calidad y del sistema educativo y crea una unidad de evaluación (UEIE), dependiente del Ministerio de Educación, conformada por un director general elegido por concurso y tres directores propuestos por la Legislatura, por un período de cinco años.
El proyecto lleva las firmas de los miembros de los bloques SUMA +, la Coalición Cívica, el Partido Socialista, Proyecto Sur y el Partido Socialista Auténtico.
Según expresaron los diputados firmantes, “la evaluación tiene que ser entendida y llevada como un proceso y resultado. Es imprescindible evaluar el sistema educativo pero también las políticas y programas que se imparten desde el Ministerio de Educación. No creemos en la evaluación para la calificación individual de los alumnos o el ranking de escuelas”.
El proyecto crea un sistema de indicadores educativos como instrumento para describir y conocer la realidad educativa y para hacer posible la definición de objetivos educativos y la adopción de políticas adecuadas. La finalidad es “contribuir al conocimiento del sistema educativo, evaluar el grado de eficacia y de eficiencia del mismo y orientar la toma de decisiones de las diferentes instancias”.
Para este sector del interbloque UNEN – Verde Alameda no firmó el expediente- la evaluación “cumple una función pedagógica y didáctica de carácter integrador. En otras palabras, es un proceso de diálogo, comprensión y mejora”.
El proyecto propone la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Educación (UEIE) que dependerá del Ministerio de Educación y tendrá como finalidad contribuir a la evaluación de la calidad de la educación y del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires a través de estudios específicos y el desarrollo de líneas de investigación educativas.
El proyecto propone además la creación del Consejo Consultivo Académico integrado por siete miembros, dos de los cuales serán propuestos por los sindicatos decentes con mayor representación, también con mandato por cinco años y con carácter ad honorem.
“Estamos aportando una herramienta que permita construir con todas las fuerzas una ley de evaluación que tenga el mayor de los consensos”, concluyeron los legisladores.
La iniciativa fue firmada por los legisladores María Eugenia Estenssoro, Maximiliano Ferraro, Virginia González Gass, Hernán Rossi, Hernán Arce, Javier Gentilini, Juan Nosiglia, Paula Oliveto e Inés Gorbea.
Desde hace años, hasta ahora sin éxito ni consenso en la oposición, el Pro impulsa la creación de un Instituto de Evaluación de la Calidad y Equidad Educativa que evaluaría periódicamente a maestros y alumnos. Desde ese momento hasta hoy, los gremios sostienen que la propuesta promueve un “ranking de docentes y escuelas” que va en “contra de los trabajadores”.
