El reclamo de usuarios es constante y legisladores de casi todas las fuerzas políticas presentaron proyectos para que el Estado regule la prestación del servicio y fije el precio de las tarifas. La Comisión de Comunicaciones los pondrá en discusión este martes, aunque la última palabra la tiene el Poder Ejecutivo.
Las quejas de los usuarios por los “abusos” y la calidad del servicio de telefonía móvil son una constante. En línea con ese reclamo, legisladores de todo el arco político vienen presentando desde hace años proyectos de ley para declarar a la telefonía móvil como “servicio público”.
Las iniciativas cuentan con el respaldo de asociaciones de consumidores y, aunque con algunas diferencias, todas van en la misma dirección: pretenden que sea el Estado el que regule el servicio, verifique el cumplimiento de las inversiones previstas y fije el precio de las tarifas, que hoy queda librado a la decisión de las empresas.
En ese marco, la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara de Diputados, que preside Mario Oporto (FpV) convocó -a pedido de la oposición- a debatir los proyectos el próximo martes a las 17, aunque sólo será el puntapié inicial de una decisión cuya última palabra tiene el Poder Ejecutivo.
De hecho, lo más probable es que los proyectos pasen a la instancia de asesores, confió Oporto a parlamentario.com, y planteó sus dudas sobre las “ventajas” de declarar a la telefonía celular como servicio público.
En noviembre pasado, la Comisión de Defensa del Consumidor había recibido a directivos de la empresa Movistar, quienes rindieron cuentas sobre las reiteradas fallas en el servicio, en una reunión donde también participó el gerente de control de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC), Pedro Panichelli.
Este año, nada menos que siete diputados presentaron proyectos, todos de diferentes bloques: Adriana Puiggrós (FpV), Hugo Maldonado (UCR), Alicia Comelli (MPN), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Pablo Javkin (CC-ARI), Gladys González (Unión Pro) y Bernardo Biella Calvet (Udeso).
En el Senado, el jefe del bloque socialista, Rubén Giustiniani, es el principal impulsor de esta regulación, que a principios de mayo comenzó a ser debatida en el seno de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
En esa oportunidad, la presidenta del Cuerpo, la oficialista Liliana Fellner, reconoció la “voluntad política” de su bloque para avanzar en la declaración de la telefonía móvil como servicio público, pero el tema no volvió a tratarse.
