Con el apoyo de un sector de UNEN, el Pro habilitó un incremento de 9671 millones de pesos en el presupuesto del 2014.
La Legislatura porteña sancionó con 38 votos positivos, 4 negativos y 15 abstenciones el proyecto de ampliación presupuestaria, pedido por el Gobierno porteño, que plantea un aumento de más de 9 mil pesos en el ejercicio actual.
El pasado 4 de junio, el Ministerio de Hacienda porteño envió a la Legislatura de la Ciudad el habitual proyecto de ampliación presupuestaria que prevé un aumento de 9671 millones de pesos sobre el ejercicio actual que fue fijado en septiembre de 2013 y aprobado en diciembre de ese año por un total de 59.500 millones de pesos.
El mismo contempla variaciones en todas las áreas y dependencias del Gobierno de la Capital Federal, siendo el subte una de las más considerables, ya que se aumentaría en 442 millones el presupuesto para obras, se destinarían 10 millones para el funcionamiento de la empresa Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) y 61 millones de pesos en subsidios al transporte subterráneo.
Los comedores de las escuelas estatales de la Ciudad de Buenos Aires percibirían un incremento de 147 millones de pesos, mientras que el incremento a aplicar a obras en establecimientos educativos ascendería a 193 millones.
En la órbita de la Salud, se destinarían 121 millones de pesos para insumos y medicamentos, y 100 millones para obras. El Ministerio de Ambiente y Espacio Público aumentaría a 652 millones de pesos su presupuesto destinado a recolección de residuos, y 317 millones de pesos es lo que proponen para obras el Gobierno de la Ciudad.
A su vez, la Legislatura porteña contará con más de 134 millones de pesos para administrar en concepto de remuneraciones al personal.
Este expediente, elevado por el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, junto al ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, y al jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, fue examinado en la Comisión de Presupuesto del Parlamento porteño y bajó al recinto con un amplio apoyo de los bloques opositores.
El aspecto más importante, y en el que concordaron todos los bloques, es el referente a salarios y acuerdos paritarios. Pero la oposición planteó sus dudas en cuanto a la adquisición de camiones para, en el marco de los servicios de Higiene Urbana, cumplir con los trabajos de recolección de residuos.
Desde que el expediente ingresó al Parlamento local, los cuestionamientos de la oposición, fundamentalmente del kirchnerismo, pasaban por el artículo N°2, que establecía un monto de dinero para la compra de camiones de recolección de basura. Ese artículo se votó por separado y obtuvo 36 votos positivos, 7 abstenciones y 13 negativos. El FpV votó de manera negativa la norma a nivel general como particular.
“Los porteños necesitan que los gastos por parte del Gobierno de la Ciudad se destinen a solucionar y mejorar su calidad de vida y resolver problemas cotidianos. La ampliación del presupuesto debe traer consigo resoluciones efectivas, las falencias existentes dan cuenta de una irresponsabilidad en las prácticas del Ejecutivo”, advirtió el legislador porteño del Frente para la Victoria Gabriel Fuks.
En relación a la transferencia de recursos de deuda para la compra de vehículos para las empresas recolección de basura, el vicepresidente del bloque kirchnerista en la Legislatura remarcó que “no podemos acompañar a ciegas un proyecto, el cual no se nos informó, ni detalló”.
Además, tal cual estaba previsto y se había asegurado en la reunión conjunta de la Comisión de Justicia y la Junta de Ética, este jueves, en sesión especial, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad el rechazo al pliego de postulación como juez de primera instancia de Martín Diego Farrell, ex responsable de la Dirección de Habilitaciones durante la tragedia del boliche Beara de Palermo.
Por otra parte, el Por consiguió, gracias al apoyo de un sector de UNEN y del bloque de Graciela Ocaña, aprobar un tope de aumento de ABL del 30 por ciento para este año.
Por último, en la sesión, que comenzó a las 12.45 y finalizó a las 16, la Legislatura autorizó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a contraer un crédito público por hasta 890 millones de dólares, con el objetivo de pagar deuda acumulada por el Ejecutivo y de realizar obras en el sector de la educación y la salud.
