La Legislatura entrerriana aprobó una resolución donde solicita al Estado Nacional que “denuncie los hechos vinculados a la producción de pasta de celulosa en el margen oriental del Río Uruguay, en territorio uruguayo ante la Corte Internacional de La Haya y las violaciones que estos implican a los convenios suscriptos entre las partes y a los pactos internacionales”, como así también exija al país vecino “el cumplimiento de sus compromisos internacionales” en relación a la defensa y cuidado del medio ambiente.

Al respecto, el gobernador y precandidato a presidente por el Frente para la Victoria (FpV) Sergio Urribarri afirmó que “Entre Ríos nuevamente se muestra unida tras esta causa nacional y provincial que es la defensa de su río compartido con la República Oriental del Uruguay, sobre todo cuando se está violando tratados, sentencias internacionales y el espíritu de amistad que nos vincula a los argentinos y los uruguayos, una empresa europea contamina el río contando para ello con autorización del gobierno de ese país”.

“Esto nos obliga a reaccionar institucionalmente. La provincia de Entre Ríos ha estado a la altura de las circunstancias apoyando, con esta resolución unánime de ambas cámaras legislativas, el reclamo del gobierno nacional ante la Corte Internacional de Justicia. Ciertamente estamos muy satisfechos”, agregó.

Por unanimidad, ambas cámaras expresaron su apoyo a las gestiones que desarrolla Urribarri ante organismos nacionales por la decisión del gobierno uruguayo de autorizar el aumento de producción a la pastera que está ubicada a la vera del río de los pájaros frente a Gualeguaychú.

El documento señala la existencia de violaciones de convenios suscriptos por la ROU y la Argentina. Además, promueve la activa participación de Entre Ríos en la elaboración de la presentación que se hará ante los organismos internacionales.

El proyecto de resolución especifica que los incrementos de las sustancias contaminantes han podido ser detectados por análisis realizados por laboratorios internacionales (Pacific Rim y Exova, ambos de Canadá) donde se ha precisado la detección de pesticidas organoclorados, organofosforados, carbámicos y/o piretroides, así como un apartamiento de la normativa vigente si se considera la temperatura de las aguas volcadas con relación a la temperatura promedio del río y la presencia de fenoles en los efluentes, entre otras irregularidades.

Asimismo, en los fundamentos se resalta el “serio compromiso que el Gobierno de Entre Ríos asumió con la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, los cuales han sido plasmado en el texto de la constitución reformada, en numerosas leyes dictadas por ese poder legislativo y en numerosos actos de gobierno”.

Uno de los aspectos centrales de los argumentos que sostienen la posición entrerriana es que “el conflicto entre partes involucra la defensa del medio ambiente y de los derechos humanos”.

Indica que por su naturaleza resulta ser de competencia de la Corte Internacional de La Haya, por ser el presente conflicto generado por la actitud del gobierno uruguayo una derivación de la sentencia dictada por aquél organismo “que no ha sido debidamente observada por la ROU”.

Además, señala que Uruguay, con su decisión de habilitar la mayor contaminación del Río Uruguay, va contra los alcances del Tratado del Río Uruguay, del Estatuto del Río Uruguay, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados del año 1969, del tratado internacional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el uso no navegable de los Cursos de Agua Internacionales, del Convenio de Basilea sobre Movimientos Transfronterizos de Residuos Peligrosos, del Acuerdo Marco sobre Medio Ambiente del Mercosur del año 2001 y de la Declaración de Estocolmo del año 1972.