A través de una carta enviada al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) reclamó quitarle la personería jurídica a la Fundación Madres de Plaza de Mayo por “graves irregularidades” en el otorgamiento de la misma, como así también en la actuación posterior de la entidad.

En este sentido, la diputada denunció que “la Inspección General de Justicia estaba facultada para suspender las resoluciones contrarias al estatuto y a la ley, y para solicitar la nulidad judicial. No lo hizo. Durante años la fundación funciono de manera irregular y nadie la controlo”.

Stolbizer puntualizó que la Fundación no cumplió con las características que se le exigen a una entidad de esta naturaleza: objeto de bien común; ausencia de finalidad de lucro; patrimonio propio; capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones; imposibilidad de subsistir únicamente de asignaciones del Estado.

Además, remarcó que las fundaciones deben presentar el plan trienal de actividades, que es el relato pormenorizado año por año de las acciones que se van a realizar para cumplimentar su objeto social, así como la presentación de las bases presupuestarias.

“El plan trienal presentado por la Fundación se refiere únicamente a la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Allí se exponía que la universidad necesitaba aproximadamente 150.000 pesos por mes para funcionar. Esa cifra no coincidía con los 12.000 pesos iniciales aportados para dar comienzo a la fundación, cuyo objetivo iba a ser llevar adelante la universidad y tampoco podría cubrirse con las 40.000 pesos anuales que las fundadoras se comprometían a aportar”, detalló la diputada.

Pero para Stolbizer, “lo más grave es el supuesto resumen de bases presupuestarias totalmente irregular efectuado ‘a mano’ por Sergio Schoklender, del cual surge que el patrimonio inicial es de 12.000 pesos, las donaciones 120.000 pesos e ingresos adicionales (sin detallar a que se refiere) a 60.500 pesos, indicando que el total sería de 192.500 pesos”.

“Detalla a continuación que los gastos serian de 117.434,50 pesos, indicando un saldo de caja de 75.050,50 pesos para el primer año. No indica que sucede el segundo ni el tercer año”, continuó.

Frente a esta situación, Stolbizer sostuvo que “resultaba imposible el desarrollo de las actividades propuestas con los aportes efectuados y las promesas de donación”, pero “sin embargo, y sobre la base de un plan trienal manuscrito e ilegible, se autoriza para funcionar a la fundación”.

“La Inspección General de Justicia estaba facultada para suspender las resoluciones contrarias al estatuto y a la ley, y para solicitar la nulidad judicial. No lo hizo. Durante años la fundación funciono de manera irregular y nadie la controlo”, aseguró e insistió que “la IGJ debió controlar que los propósitos del estatuto sean efectivamente realizados y no se desvirtúe la finalidad perseguida”.

En la carta, Stolbizer también menciona que se destaca que del acta constitutiva de la Fundación, el compromiso a mantener la independencia de los partidos políticos como así también de no participar de campañas partidarias.

“Adviértase la responsabilidad de todos los Inspectores Generales desde el otorgamiento de la personería (año 2005) hasta la fecha, en virtud de los graves vicios que posee la personería de la fundación, como así también la carencia de fiscalización posterior sobre la misma”, subrayó la legisladora bonaerense.

Asimismo sostuvo que “agrava la situación descripta el informe de la Auditoría General de la Nación”, que “denuncia que la Fundación Madres de Plaza de Mayo desvío más de 40 millones de pesos, además de detectar otras irregularidades en el plan de construcción de viviendas sociales”.

Según indicó, dicho informe “también cuestiona la falta de control y el incumplimiento de diversas normas por parte del Estado”.

“Además, se detectaron pagos a personas físicas, en forma sistemática, con cheques por sumas inferiores a 50.000 pesos cobrados por ventanilla, por un monto total de 30 millones de pesos. Sin embargo, una sola persona cobró la suma de 4 millones de pesos mediante 85 cheques. Las mismas personas han operado cuentas de la Fundación, por lo que podría tratarse de empleados de la entidad o tener alguna vinculación contractual”, señaló Stolbizer en función del trabajo de la AGN.

Y remarcó que “se hallaron pagos a funcionarios públicos, tanto de nivel nacional como provincial, que tenían responsabilidad de control y aprobación de gestiones relacionadas con las obras realizadas por la FMDPM por una suma de 225.000 pesos”.